Sektoreko Albisteak

El puerto de Pasaia ha mejorado dos décimas su nota en el examen que La entrada Pasaia mejora en el examen anual del sector de la automoción se publicó primero en Naucher.

Por fin, como podría decirse, el congreso de los diputados aprobó la Ley de Movilidad sostenible, con muchos meses de retraso, y no sin poca incertidumbre de que pudiera ser rechazada por los equilibrios políticos existentes.

No habría ni que mirar los estudios que las distintas compañías de transporte realizan para ser conscientes del cambio producido en la forma de compra en España desde la llegada del comercio electrónico.

Nos las prometíamos muy felices en agosto a tenor de los datos expuestos por el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera que elabora de forma mensual Fenadismer, la asociación de transportistas, pero más lejos de la realidad, los datos en septiembre han reflejado una subida.

El Congreso ha aprobado este miércoles con suspense la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que pretende cambiar la manera en la que nos movemos y declara la movilidad como un nuevo derecho de los ciudadanos. Una de las novedades que afectará a más gente son los planes de movilidad sostenible al trabajo, que muchas empresas deberán elaborar para impulsar que los trabajadores lleguen a pie o en bicicleta, en transporte público o compartiendo coche. Además, el Gobierno se compromete a estudiar una reducción de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria en menos de dos horas y media, así como a retomar los trenes nocturnos que enlacen con Europa. La norma, que todavía tiene que pasar por el Senado, desbloquea la llegada de 10.000 millones de euros desde Bruselas.Cuando la legislación entre en vigor, las compañías con más de 200 empleados (o 100 por turno) tendrán dos años para concretar su plan de movilidad sostenible, algo que se aplicará también a las entidades públicas de ámbito estatal. Mientras, aquellas que empleen a entre 50 y 200 personas podrán hacerlo voluntariamente, para lo que se prevé una línea de ayudas del Ministerio de Transportes. Estos documentos —que hará que negociar con los comités de empresa sindicales— deben incentivar que la gente acuda a sus centros de trabajo con formas de movilidad activa —a pie y en bicicleta—, en transporte público, en vehículos cero emisiones o bien compartidos. Ya hay experiencias en ciudades como Vitoria de apps que permiten a los trabajadores ponerse de acuerdo para compartir coche, y la Administración incluso puede subvencionar una parte. Además, las compañías tendrán que ofrecer soluciones para facilitar el uso de vehículos cero emisiones, es decir, instalar puntos de recarga. Mientras, se pide que se facilite el teletrabajo en los casos en los que sea posible. Asimismo, se incluirán medidas relativas a la formación en movilidad, seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo. En estos planes se tendrá en cuenta tanto a los trabajadores como a los visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo. Para su elaboración, deberán tener en cuenta el plan de movilidad sostenible del ayuntamiento o comunidad donde se ubique —por ejemplo, si hay una zona de bajas emisiones en vigor, o carriles de alta ocupación—. Además, se podrá establecer la figura de gestor de movilidad para los centros de trabajo.En cuanto a los centros de trabajo de alta ocupación —aquellos con más de 1.000 empleados situados en ciudades de más de 500.000 habitantes—, las compañías deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad en las horas punta o durante la jornada laboral, por ejemplo escalando las horas de entrada. Financiación del transporte público El texto, que inició su andadura en 2022 y pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, mantiene desde entonces puntos clave como la financiación estatal del transporte público urbano —algo que ahora solo ocurre en algunas urbes— y pasa a considerar la movilidad como nuevo derecho “que los poderes públicos están obligados a regular y a salvaguardar” como “un medio para el ejercicio de otros derechos”. Entre las novedades añadidas tras la tramitación, la norma recoge que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Para ello, tendrá que elaborar antes de seis meses un estudio de impactos de esta posible reducción.También se insta a realizar otro estudio que recoja la viabilidad y posibilidad de implantación de servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno, “con especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos”. España perdió sus últimos trenes nocturnos en 2020 —con la pandemia—, y desde entonces no los ha recuperado, mientras en el resto de Europa este tipo de convoyes aumentan.Pide además lograr la electrificación total en los trenes —todavía quedan máquinas diésel— y apuesta por implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del país, e implementar un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías para lograr el cambio modal de la carretera al ferrocarril.Nuevas etiquetas de la DGT La ley insta a modificar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y, para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis del sistema elaborado por varios ministerios —Interior, Transportes, Transición Ecológica y Economía— en el que se consultará a las comunidades autónomas. Esas etiquetas son fundamentales para conocer qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades, pero la queja de numerosos grupos ecologistas es que en la actualidad son un coladero de coches contaminantes con etiqueta ecológica: por ejemplo, un enorme SUV híbrido enchufable puede tener una etiqueta cero cuando es un vehículo que contamina. Por eso, la reforma se llevará a cabo “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional”. Hay más novedades para los coches eléctricos: el Gobierno informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y pondrá señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras estatales, así como las distancias hasta esas infraestructuras y hasta las próximas más cercanas.El texto pretende ayudar en la descarbonización del transporte, para lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluirá objetivos concretos y vinculantes de reducción de emisiones en el sector para 2030 y 2040, contando con las energías limpias y los combustibles renovables. Por ejemplo, pide descarbonizar los puertos, lo que incluye “tomar las medidas necesarias para asegurar el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados”. Seguir leyendo

José Vicente Caurín Ruiz ha sido nombrado nuevo director general de Logifruit. Por su parte, Pedro Ballester, hasta ahora CEO de la empresa se mantendrá como presidente de la misma.

El próximo 28 de noviembre se celebra el Black Friday y traerá, como suele ser habitual, buenas noticias para el empleo. Este evento comercial permitirá crear 110.800 puestos de trabajo, según estima la empresa de recursos humanos Randstad, una cifra de nuevas contrataciones muy similar a la del año pasado (110.795). Estas previsiones han tenido únicamente en cuenta los sectores de comercio, logística y transporte.Por comunidades autónomas, Cataluña (19.680), Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180) concentran más de la mitad de los nuevos empleos. En términos porcentuales, las autonomías que contratarán a más personas respecto a 2024 serán Navarra (+15,7%), Asturias (+13,6%) y Castilla La-Mancha (+13,5%). Los territorios en los que más se reducirá la incorporación de nuevo personal respecto al año pasado serán La Rioja (-9,2%), Andalucía (-6,8%) y Galicia (-4,6%).Por sectores, la contratación en comercios aumentará un 12,1%, hasta las 45.100 firmas, mientras que en transporte y logística se registrará un 6,8% menos de contratos, hasta los 65.700. Las empresas de logística, asegura Randstad, demandarán principalmente empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales. Para quienes busquen un empleo en estas fechas, Randstad señala que “las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas” debido al incremento del comercio electrónico. Ante estos datos, Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad, señala que el volumen de contrataciones se mantiene estable debido a “la menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral, que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes”. Aun así, aunque los datos de nuevas contrataciones apenas crezcan respeto a 2024, desde el portal de empleo destacan que el Black Friday se mantiene como una “oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica española”. El año pasado, el gigante del comercio online, Amazon, aseguró que el Black Friday fue “el mayor evento de compras jamás registrado al compararlo con el mismo periodo de anteriores años”. Los productos más vendidos en 2024 en España fueron de la categoría juguetes, electrónica, hogar y belleza. Destacó especialmente el juego de mesa Monopoly de Hasbro, los auriculares inalámbricos de Sony o productos de iluminación como luz LED Magnética de OUILA. Seguir leyendo

Las cifras no mienten, el absentismo laboral del sector continúa al alza, alcanzado un 8%, que sube hasta el 12% en el caso de las actividades postales y de correos, cifras que no paran de subir con el paso de los años, y que parece no tener un horizonte de reducción en el futuro.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible llega este miércoles al Congreso con muchas novedades respecto a su planteamiento inicial: si se aprueba, obligará a las empresas de más de 200 trabajadores a contar con planes de movilidad sostenible y puntos de recarga para coches eléctricos, impulsará la reducción de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria y la recuperación de trenes nocturnos de conexión con Europa, y planteará una reforma de las etiquetas ambientales de la DGT. La aprobación de la norma es requisito para recibir otros 10.000 millones de fondos europeos, pero se enfrenta a una votación endiablada de resultado incierto, con Podemos amenazando con hacerla descabalgar. Este martes, 15 organizaciones ecologistas y sindicales han lanzado un comunicado en apoyo de la norma.El texto, que inició su andadura en 2022 y pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, mantiene desde entonces puntos clave como la financiación estatal del transporte público urbano —algo que ahora solo ocurre en algunas urbes— y pasa a considerar la movilidad como nuevo derecho “que los poderes públicos están obligados a regular y a salvaguardar” como “un medio para el ejercicio de otros derechos”. En cambio, por el camino ha perdido avances como la posibilidad de instalar peajes urbanos.Entre las novedades añadidas tras la tramitación, la norma recoge que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Para ello, tendrá que elaborar antes de seis meses un estudio de impactos de esta posible reducción. También se insta a realizar otro estudio que recoja la viabilidad y posibilidad de implantación de servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno, “con especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos”. España perdió sus últimos trenes nocturnos en 2020 —con la pandemia—, y desde entonces no los ha recuperado, mientras en el resto de Europa este tipo de convoyes aumentan. Pide además lograr la electrificación total en los trenes —todavía quedan máquinas diésel— y apuesta por implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del país, e implementar un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías para lograr el cambio modal de la carretera al ferrocarril.La ley insta a modificar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional”. Para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis elaborado por varios ministerios y las comunidades autónomas que desemboque en una reforma del sistema. Esas etiquetas son fundamentales para conocer qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades. Los planes de movilidad sostenible para empresas han cambiado su redacción: se preveían para empresas de más de 500 trabajadores y ahora se aplicarán —si se aprueba— para aquellas con más de 200, que deben contar con uno en dos años. Las compañías deberán fomentar la movilidad activa —a pie y en bici—, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa —como compartir coche al trabajo—, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones, y el teletrabajo cuando sea posible. Hay más novedades para los coches eléctricos: el Gobierno informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y pondrá señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras estatales, así como las distancias hasta esas infraestructuras y hasta las próximas más cercanas. El texto pretende ayudar en la descarbonización del transporte, para lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluirá objetivos concretos y vinculantes de reducción de emisiones en el sector para 2030 y 2040, contando con las energías limpias y los combustibles renovables. Por ejemplo, pide descarbonizar los puertos, lo que incluye “tomar las medidas necesarias para asegurar el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados”. Dura batalla parlamentariaTodos estos aspectos han concitado el apoyo de la mayoría de investidura, incluyendo a Junts y PNV, pero dejan por ahora fuera a Podemos, que para secundar la ley exige que el Gobierno paralice las ampliaciones del puerto de Valencia y el aeropuerto de Barcelona, algo difícil de asumir para el PSOE. La portavoz morada, Ione Belarra, dijo este martes en rueda de prensa: “No tiene ningún sentido aprobar una Ley de Movilidad Sostenible cuando al mismo tiempo se produce la enorme incoherencia de llevar adelante proyectos desarrollistas que son incompatibles con una visión ecologista y con la reducción de emisiones”. Si finalmente votan que no, es muy probable que la norma decaiga, mientras que una abstención podría salvarla. La batalla parlamentaria se prevé dura.“Nos estamos jugando ser menos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, no garantizar la apuesta por el ferrocarril, no tener una ley que prohíba los vuelos cortos, no recuperar el tren nocturno y cambiar el etiquetado de coches en las zonas de bajas emisiones, que Vox intenta desmantelar”, contrapone Alberto Ibáñez Mezquita, diputado de Sumar y portavoz en la Comisión de Transportes. “El transporte supone el 31% de emisiones, la mayoría por carretera; mucha gente coge el coche para ir al trabajo, así que la creación de planes de movilidad al trabajo son motivo suficiente para justificar la ley”, añade, y finaliza: “Hemos puesto de acuerdo a fuerzas diferentes y conjugado las necesidades de transporte de grandes urbes con zonas de la España vacía, con el taxi, el tren, la bicicleta…”.Fuentes del PSOE apuntan que “se trata de una ley importante que facilita las herramientas para articular la movilidad sostenible como un derecho para la ciudadanía” que eleva a rango de ley el objetivo de descarbonización en el transporte. Y destacan esto: “Impulsa un nuevo mapa concesional [de autobuses] garantizando que no se pierda ninguna parada en el ámbito rural; ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje, ya que el Ministerio de Transportes garantizará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las comunidades no acepten prestar los servicios de su competencia”. Isidre Gavín, diputado de Junts, destaca que su grupo ha conseguido ampliar las ciudades beneficiarias de los fondos estatales para transporte público: “La norma preveía un modelo muy centralizado, para poblaciones de más de 50.000 habitantes, o de más de 20.000 con más de 36.000 unidades catastrales registradas. En Cataluña quedaban fuera poblaciones importantes, por eso hemos consensuado que sean 27.000 unidades registrales, con lo que una veintena de urbes catalanas podrán beneficiarse, al igual que muchas otras en todo el Estado”. Además, “se facilitará la transición energética de flotas”, por lo que finalmente su grupo votará sí. Este martes, 15 organizaciones ecologistas y sindicales —Greenpeace, UGT, CCOO, Ecodes, Ecounion…— han lanzado un comunicado en apoyo de la norma: “España necesita urgentemente una Ley de Movilidad Sostenible. El proyecto [...] sienta las bases para avanzar en la consecución de un sistema multimodal de transporte, descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España”, dicen. Por eso, piden a todos los grupos parlamentarios que voten a favor. Seguir leyendo