Sektoreko Albisteak

La transitaria sigue negociando Valencia, pone la vista en Andalucía y confirma que abrirá una nueva oficina fuera de Europa La entrada Grup MET trabaja en nuevas delegaciones en España y aspira a doblar facturación se publicó primero en EL MERCANTIL | Actualidad sobre el negocio de la logística.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 2 de octubre y las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de euskadi.eus Sigue abierto, asimismo, el plazo para optar a las 461 plazas de la segunda convocatoria de OPEs para la Administración General El Gobierno vasco sigue dando pasos en la nueva era del empleo público para la transformación de la Administración a través de OPEs anuales, estructuradas y basadas en competencias. Un modelo renovado que refuerza la calidad, la transparencia y la adecuación de los perfiles a las necesidades actuales de la Administración. Las nuevas OPEs se enmarcan en el Plan Eki, que es la respuesta integral del Gobierno Vasco a la nueva era del empleo público en la Administración General de Euskadi y que tiene como objetivo fortalecer los servicios públicos y construir la administración del futuro. Para ello, el plan impulsa el conocimiento como palanca de cambio, refuerza las competencias digitales, profesionales y de talento del personal público y apuesta por el relevo generacional ordenado a través de la transmisión del conocimiento y de la incorporación de nuevos perfiles a la administración. Tercera convocatoria de este año El plazo de inscripción a la convocatoria por la cual se convocan un total de 379 plazas correspondientes a la Escala de Ayudantes en Ejecución Penal de la Administración Penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi está abierto. Las personas interesadas podrán inscribirse en la convocatoria hasta el 2 de octubre. La inscripción deberá realizarse de forma telemática a través de euskadi.eus. Esta tercera convocatoria se suma a las dos anteriores puestas en marcha en mayo, con 201 plazas, y en agosto, con 461 plazas, para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El plazo de inscripción a las 461 plazas continúa abierto hasta el 16 de septiembre. Preparación y exámenes Para facilitar la preparación de las pruebas, las personas aspirantes tienen a su disposición toda la información relativa a los procesos selectivos en la página web ivap.eus, incluidos los temarios, los modelos de exámenes, información relativa a las pruebas de competencias y otros materiales de apoyo. Los exámenes de la primera convocatoria (mayo) -a la que se han inscrito más de 4.600 personas- se iniciarán en octubre; la primera prueba de las escalas incluidas en la segunda convocatoria (agosto) está prevista para enero de 2027 y el primer examen correspondiente a esta tercera convocatoria está prevista entre octubre de 2026 y enero de 2027. Un total de 1739 plazas este año El Gobierno Vasco anunció a principios de año la convocatoria de un volumen inicial de 1.739 plazas este 2026, distribuidas en 15 categorías laborales y 44 escalas de personal funcionario. Con las 3 OPEs puestas ya en marcha, se han convocado más de 1000 plazas en 13 categorías y 18 escalas.  Las casi 700 plazas restantes se convocarán antes de que finalice el año; y es que, el Gobierno Vasco continúa completando el calendario de procesos selectivos con nuevas convocatorias con el objetivo de seguir reforzando los servicios públicos y la consolidación del empleo público.

El Lehendakari Imanol Pradales se ha reunido esta mañana, en Lehendakaritza, con el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano.

Mientras los focos del sector del transporte de viajeros suelen centrarse en la sostenibilidad, la electrificación de las flotas o la mejora de la experiencia del pasajero, una transformación mucho […] La entrada La revolución silenciosa del autobús: por qué la digitalización ya no puede esperar se publicó primero en .

La Comisión Europea presenta la Ley de Vivienda Asequible, que pretende dotar de seguridad jurídica a las autoridades locales para que intervengan el mercado en esas áreas

El Gobierno Vasco trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos de 2027 con el objetivo de dar continuidad al proyecto impulsado durante la actual legislatura y responder a los desafíos económicos y sociales que afronta Euskadi en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Así lo ha destacado hoy el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, en una entrevista concedida a Onda Vasca, en la que ha repasado algunos de los principales asuntos de la actualidad económica vasca y las prioridades que marcarán la acción institucional durante los próximos meses. Según ha explicado, las futuras cuentas públicas se diseñarán con una premisa clara: situar a las personas en el centro de las políticas públicas y reforzar un modelo económico y social capaz de generar bienestar, oportunidades y cohesión. "Los presupuestos son una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer la competitividad de nuestras empresas y garantizar la estabilidad de la economía vasca", ha señalado. Presupuestos para aportar certidumbre Durante la entrevista, d'Anjou ha subrayado la importancia de contar con unas cuentas públicas que aporten estabilidad, rigor y capacidad de anticipación ante un escenario económico global condicionado por factores geopolíticos, la evolución de los mercados internacionales y los procesos de transformación tecnológica e industrial. En este sentido, el consejero ha defendido la necesidad de seguir planificando a medio y largo plazo para que Euskadi mantenga su capacidad de respuesta ante posibles escenarios de incertidumbre y continúe avanzando en sus objetivos de desarrollo económico y social. Asimismo, ha puesto en valor la voluntad de diálogo con la que el Ejecutivo afrontará la negociación presupuestaria, apostando por el acuerdo institucional y político para sacar adelante unas cuentas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y del tejido productivo vasco. La fiscalidad como palanca para la competitividad Otro de los asuntos abordados durante la conversación ha sido la fiscalidad y su papel como instrumento para reforzar la competitividad de Euskadi. D'Anjou ha destacado que las instituciones vascas comparten la necesidad de aprovechar plenamente las capacidades que ofrece el Concierto Económico para desarrollar políticas fiscales que contribuyan a fortalecer la actividad empresarial, impulsar la creación de empleo de calidad y afrontar retos estructurales como el envejecimiento de la población y el desafío demográfico. La política fiscal, ha señalado, debe seguir siendo una herramienta al servicio del crecimiento económico sostenible y de la mejora del bienestar colectivo, facilitando que las empresas vascas puedan afrontar con mayores garantías los procesos de transformación que exige el actual contexto internacional. Refuerzo de la Alianza Financiera Vasca El consejero también ha destacado la evolución de la Alianza Financiera Vasca como uno de los principales instrumentos de apoyo al tejido empresarial e industrial de Euskadi. En este ámbito, ha puesto en valor los resultados que están ofreciendo iniciativas como Finkatuz e Indartuz, concebidas para fortalecer empresas estratégicas, favorecer la transformación industrial y movilizar recursos financieros destinados a proyectos de crecimiento y modernización. Según ha explicado, estos instrumentos están permitiendo combinar la capacidad de inversión pública con la participación de capital privado, generando nuevas oportunidades para impulsar la competitividad empresarial y consolidar sectores clave de la economía vasca. El objetivo, ha concluido, es seguir reforzando un ecosistema financiero capaz de acompañar a las empresas en sus procesos de inversión, innovación e internacionalización, contribuyendo así al desarrollo económico y al mantenimiento del empleo de calidad en Euskadi. La elaboración de los Presupuestos de 2027, las políticas de competitividad y el fortalecimiento de la Alianza Financiera Vasca forman parte de una misma estrategia orientada a consolidar el crecimiento económico, reforzar la capacidad industrial de Euskadi y garantizar la sostenibilidad del modelo de bienestar. Con ese horizonte, el Gobierno Vasco inicia los trabajos presupuestarios con la intención de combinar estabilidad institucional, ambición económica y capacidad de adaptación a los retos que marcarán los próximos años.

El portacontenedores 'AS Petronia' La entrada Maersk aumenta capacidad en su línea entre el Mediterráneo oriental y occidental se publicó primero en EL MERCANTIL | Actualidad sobre el negocio de la logística.

El responsable del Área Norte de la compañía Decoexsa, Víctor Martín, ha anunciado su La entrada Víctor Martín presenta su candidatura a la presidencia de Feteia se publicó primero en Naucher.

El 83% considera que la vivienda adjudicada responde a sus necesidades para los próximos 5-10 años y el 73,5% destaca que le ha permitido residir en el municipio deseado La valoración de Etxebide alcanza los 7,6 puntos sobre 10, ocho décimas más que en 2021, mientras que la actuación del Gobierno Vasco obtiene un 7,6, frente al 6,3 de hace cinco años El informe, elaborado a partir de 1.410 entrevistas, constata también que la vivienda protegida mejora la situación vital de las personas adjudicatarias, con una valoración media de 7,5 sobre 10 El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha dado a conocer los resultados del ‘Informe de Evaluación de la Satisfacción de las Personas Adjudicatarias de Vivienda Protegida 2026’, un estudio que analiza la experiencia de las personas que han resultado adjudicatarias de una vivienda protegida entre 2021 y 2025. El trabajo de campo se ha realizado en marzo de 2026 y ha contado con la participación de 1.410 personas, de las que 1.105 habían accedido a una vivienda en alquiler y 302 en régimen de compra. El estudio forma parte de los procesos de evaluación desarrollados por la Viceconsejería de Vivienda y publicados en el Observatorio Vasco de la Vivienda. El informe analiza la experiencia de las personas adjudicatarias desde una doble perspectiva: por un lado, su grado de satisfacción con la vivienda recibida y con el proceso de adjudicación; y, por otro, el impacto que el acceso a una vivienda protegida ha tenido en distintos ámbitos de su vida personal y familiar, como el esfuerzo económico, el arraigo territorial, la integración social, las oportunidades de mejora socioeconómica y el bienestar. También estudia las dificultades económicas para acceder y mantener la vivienda, las posibles incidencias surgidas después de la adjudicación y la valoración de Etxebide y de la actuación del Gobierno Vasco. En ese sentido, el consejero Denis Itxaso ha destacado que “este informe nos permite medir algo que va mucho más allá de cuántas viviendas adjudicamos: nos permite saber qué está suponiendo realmente esa vivienda en la vida de las personas. Y el resultado es claro: ocho de cada diez personas están satisfechas con la vivienda que han recibido y la valoración media ha subido hasta los 7,3 puntos”, ha expresado. El principal resultado de la evaluación es que 8 de cada 10 personas adjudicatarias (81%) se declara bastante o muy satisfecha con la vivienda protegida a la que ha accedido, frente al 77,6% registrado en 2021. En términos de puntuación media, la satisfacción alcanza 7,3 puntos sobre 10, cuatro décimas más que en la anterior encuesta, cuando se situó en 6,9 puntos. La satisfacción es especialmente elevada entre las personas que han accedido a una vivienda protegida en propiedad, con una puntuación media de 8 puntos sobre 10 y un 89,8% de personas satisfechas o muy satisfechas. En el caso del alquiler, la valoración media se sitúa en 6,6 puntos, con un 78,4% de personas satisfechas o muy satisfechas. Por territorios, Álava registra la valoración media más elevada, con 7,6 puntos, seguida de Bizkaia, con 7,3, y Gipuzkoa, con 7,1. “Me parece especialmente relevante que la satisfacción general haya mejorado respecto a la evaluación anterior. Una vivienda protegida no puede medirse únicamente por el hecho de haber entregado unas llaves: tiene que responder a las necesidades de las personas y ofrecerles estabilidad. Que la valoración media haya pasado de 6,9 a 7,3 puntos nos indica que estamos avanzando en esa dirección”, ha afirmado Itxaso. La ubicación, el aspecto mejor valorado La ubicación de la vivienda es el elemento que obtiene una mejor valoración por parte de las personas adjudicatarias, con 7,7 puntos sobre 10. Además, el 80,8% considera buena o muy buena su ubicación. Le siguen el tamaño de la vivienda, con 7,3 puntos, y su distribución interior, con 7,2 puntos. La adecuación del edificio en términos de accesibilidad obtiene 7,1 puntos. El informe pone así de manifiesto la importancia que tiene para las personas adjudicatarias poder acceder a una vivienda en el entorno en el que desean desarrollar su vida. El 73,5% señala que la vivienda protegida le ha permitido residir en el municipio deseado, mientras que el 67,4% considera que ha contribuido a mejorar su salud y bienestar. Asimismo, el 62,8% destaca su contribución a mejorar la integración social y la vida comunitaria y el 57,3% señala una reducción del esfuerzo económico asociado a la vivienda. En palabras de Itxaso, “hay un dato que resume muy bien la dimensión social de la vivienda pública, y es que el 73,5% de las personas encuestadas dice que la vivienda protegida le ha permitido vivir en el municipio que quería. Eso significa poder mantener cerca a la familia, las redes de apoyo, el empleo y la vida cotidiana. Y también significa que la política de vivienda contribuye al arraigo y a la cohesión de nuestros municipios”, ha puesto en valor el consejero. La valoración global del impacto que ha tenido el acceso a una vivienda protegida sobre la situación vital alcanza 7,5 puntos sobre 10. La puntuación es muy similar entre territorios —7,6 en Bizkaia, 7,5 en Álava y 7,3 en Gipuzkoa— y entre los dos regímenes de acceso: 7,5 puntos en alquiler y 7,4 en compra. Necesitades cubiertas a medio plazo Otro de los resultados destacados del informe es que el 83% de las personas residentes en una vivienda protegida considera que la vivienda adjudicada cubre sus necesidades para los próximos cinco o diez años. El porcentaje ha aumentado respecto a 2021, cuando se situaba en el 73,3%. La percepción es especialmente elevada entre las personas que han accedido a una vivienda protegida en régimen de compra, con un 87,7%, mientras que en el alquiler alcanza el 81,6%. La diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente inexistente: el 83,1% de los hombres y el 82,9% de las mujeres considera que la vivienda responde a sus necesidades a medio plazo. Entre quienes consideran que su vivienda no cubre sus necesidades a medio plazo, el principal motivo es el tamaño de la vivienda, señalado por el 44,9% de las personas, frente al 31% de 2021. También aparecen como motivos la ubicación o el deseo de acceder a una vivienda en propiedad. Por otra parte, la valoración general del proceso de adjudicación alcanza también 7,3 puntos sobre 10, frente a los 6,8 puntos registrados en 2021. La valoración es de 7,5 puntos entre quienes han accedido a una vivienda en alquiler y de 6,8 entre quienes han accedido a una vivienda en compra. Todos los aspectos concretos analizados obtienen una valoración mayoritaria positiva y todos mejoran respecto a la encuesta de 2021. Los trámites y la documentación exigida, así como las comunicaciones y notificaciones postales y electrónicas, son los elementos mejor valorados, con 7,5 puntos sobre 10 cada uno. La información recibida sobre la vivienda y la transparencia del proceso alcanzan 7,4 puntos, mientras que el plazo de entrega obtiene 7,3. La inscripción a una promoción concreta obtiene 7,1 puntos y el control de las viviendas adjudicadas, 6,9 puntos. Precisamente este último aspecto es el principal ámbito de mejora identificado por las personas encuestadas: el 39,5% lo señala como una cuestión que debería mejorarse, seguido por el propio procedimiento de adjudicación, mencionado por el 26,5%, la atención del personal, por el 14%, y la información ofrecida, por el 12,2%. “Los datos nos dicen que el procedimiento funciona y que las personas que han pasado por él lo valoran de forma positiva. Pero también nos dicen dónde tenemos que apretar más. Si casi cuatro de cada diez personas nos señalan el control de las viviendas adjudicadas como principal aspecto de mejora, tenemos que escuchar ese mensaje y reforzar precisamente ese ámbito”, ha subrayado el consejero. Etxebide alcanza un 7,6 y la valoración del Gobierno Vasco aumenta 1,3 puntos La evaluación refleja también una evolución positiva en la valoración de los servicios públicos de vivienda. Las personas adjudicatarias conceden a Etxebide una puntuación media de 7,6 puntos sobre 10, ocho décimas más que en 2021, cuando obtuvo 6,8 puntos. La valoración alcanza 7,9 puntos entre las personas adjudicatarias de alquiler y 6,5 entre quienes han accedido a una vivienda en compra. La valoración de la actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda se sitúa igualmente en 7,6 puntos, frente a los 6,3 puntos de 2021, lo que supone un incremento de 1,3 puntos. Entre quienes han accedido a una vivienda protegida en alquiler la valoración asciende a 7,7 puntos, mientras que entre las personas adjudicatarias de compra se sitúa en 6 puntos. “Que las personas adjudicatarias valoren con un 7,6 tanto el trabajo de Etxebide como la actuación del Gobierno Vasco, y que esta última valoración haya aumentado 1,3 puntos respecto a 2021, es un dato que nos anima a seguir trabajando. Pero no lo interpreto como un punto de llegada: precisamente porque estamos escuchando a las personas usuarias, sabemos también qué tenemos que corregir y mejorar”, ha señalado Itxaso. El informe constata que la vivienda protegida permite resolver la necesidad residencial de una mayoría amplia de las personas adjudicatarias, pero también identifica dificultades económicas que requieren atención. El 22,4% de las personas encuestadas declara tener actualmente dificultades para hacer frente a los pagos de su vivienda. Esta proporción es notablemente mayor entre quienes residen en alquiler protegido, donde alcanza el 26,3%, frente al 9,2% de quienes accedieron a una vivienda en propiedad. En el caso de las personas adjudicatarias de vivienda protegida en compra, el 71% declara no haber tenido dificultades para acceder a la financiación, mientras que el 29% sí las ha experimentado. Entre quienes tuvieron dificultades, el principal obstáculo fue disponer del dinero necesario para afrontar la entrada de la vivienda, señalado por el 73,3%. El estudio refleja además que las personas residentes en viviendas protegidas de alquiler destinan de media 355,5 euros mensuales al pago de la vivienda, mientras que quienes acceden mediante compra destinan 555,7 euros. En otro orden, el 42,5% de las personas adjudicatarias encuestadas declara haber experimentado algún problema o incidencia con su vivienda. El dato es ligeramente superior al registrado en 2021, cuando alcanzó el 39,8%, pero permanece por debajo del 52,5% registrado en 2015, lo que evidencia una evolución descendente a largo plazo. Las incidencias son más frecuentes entre quienes han accedido a una vivienda en propiedad —53%— que entre quienes residen en alquiler —39,4%—. Por territorios, Bizkaia registra un 44,2% de personas que declaran haber tenido alguna incidencia, Gipuzkoa un 38% y Álava un 27,5%. Entre quienes han sufrido alguna incidencia, el 61,3% señala problemas relacionados con la propia vivienda, mientras que un 25,4% menciona problemas con algún elemento del edificio. Por el contrario, las incidencias relacionadas con la documentación o la tramitación del proceso de adjudicación son muy reducidas, con un 3,9% de menciones. El informe también apunta a una mejora en la valoración de la atención recibida para resolver estos problemas: el trato y la amabilidad del personal alcanzan 6,6 puntos sobre 10, frente a 5,9 en 2021; la eficacia pasa de 3,7 a 5,6 puntos y la rapidez, de 3 a 4,6 puntos. No obstante, la valoración global de la resolución de las incidencias se queda en 5,8 puntos, por lo que constituye uno de los ámbitos en los que existe mayor margen de mejora. “El informe también nos señala con claridad dónde no podemos conformarnos. Hemos mejorado respecto a hace una década en la incidencia de problemas, y ha mejorado la valoración del trato, la eficacia y la rapidez en su resolución, pero un 56,1% de quienes han comunicado una incidencia dice que esta no se ha resuelto. Ese dato exige una respuesta: tenemos que mejorar la capacidad de resolver los problemas una vez que aparecen”, ha concluido Itxaso. La evaluación concluye que la vivienda protegida desempeña una función social relevante y genera niveles elevados de satisfacción entre las personas adjudicatarias. Al mismo tiempo, identifica como principales ámbitos de atención las dificultades económicas de acceso y mantenimiento, las incidencias en las viviendas adjudicadas, la calidad material de algunas viviendas y el control posterior de las adjudicaciones.