Sektoreko Albisteak

El banco vasco anima a sus más de 5.000 empleados a donar un día de su suelo, que complementará con el equivalente a un día de su beneficio consolidado este año para las víctimas de la DANA en Valencia. Leer

La compañía, que ha recibido una ayuda del programa de Inteligencia Artificial del Grupo SPRI, ha desarrollado la simulación de un proceso industrial para la Universidad de Deusto La entrada Miesa, la empresa vizcaína que ofrece soluciones integrales y a medida en la automatización y control industrial se publicó primero en SPRI.

La compañía, con sede en Gernika, costea cada semana el gimnasio de sus empleados para mejorar el rendimiento y el ambiente en el trabajo La entrada RK Informatika ofrece el Crossfit que reduce las bajas laborales se publicó primero en SPRI.

Indeus Elkarrizketak: entrevista con Aroa Insausti y Bianditz Iraiola, de CAF, con la que termina este último ciclo de entrevistas INDEUS. La entrada ‘Estamos presentes en el mundo, pero no queremos perder nuestra identidad.’ Aroa Insausti, Bianditz Iraola – CAF se publicó primero en SPRI.

El control del mercado inmobiliario ha tomado un giro inesperado este año, con tres comunidades autónomas —Cataluña, País Vasco y Navarra— implementando la declaración de áreas tensionadas a fin de topar el precio de los alquileres. La decisión afecta a más de ocho millones de habitantes en las tres regiones, aunque la distribución de población es desigual: mientras que la comunidad catalana cuenta con más de siete millones de vecinos que viven en los 271 de los 299 municipios que se han acogido al control de precios de la vivienda, las dos comunidades forales suman poco menos de 900.000 habitantes entre ambas. La normativa impacta específicamente al 90% de la población catalana (unos 7,1 millones de habitantes), al 20% en el País Vasco (437.556 personas) y al 68% en Navarra (459.088). La intervención, impulsada en todos los casos por consistorios gobernados por la izquierda, busca mitigar la creciente presión de la población hacia los gobernantes para poner remedio al desmesurado aumento de precios de la vivienda y la falta de oferta. Sin embargo, los efectos de la medida siguen en duda, y mientras algunos expertos celebran los avances de estas políticas, otros alertan sobre los riesgos de una intervención excesiva.Los tres casos incluyen localidades densamente pobladas y muy demandadas. Cataluña, con el 90% de su población concentrada en menos del 30% de sus municipios y una economía fuertemente dependiente de su capital, Barcelona, ha sido tradicionalmente uno de los principales focos de tensión en el mercado de alquiler. De los 947 municipios que tiene, 271 han sido declarados zonas tensionadas ―en marzo de este año se limitó el precio en 140 localidades y en octubre se sumaron otras 131―. En todos los casos, los criterios que ha seguido la Generalitat es que las familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, o que el valor de esas casas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.El municipio vasco de Errentería, que a día de hoy es el único oficialmente declarado tensionado en esta autonomía, paga las consecuencias de estar situado junto a la zona metropolitana de San Sebastián, al igual que Zumaia, Lasarte e Irun, otras cuatro localidades que lo han solicitado. Una situación similar se da en las zonas aledañas a Bilbao, de ahí que Baracaldo y Galdacano se sumen a la lista. Pese a que la comunidad tiene 252 municipios, casi el 20% de la población vive en las siete zonas donde se topará el alquiler. En Navarra la dinámica es idéntica; cuenta con 273 municipios, pero en los 21 que han solicitado ser declarados oficialmente zona tensionada se concentra casi el 70% de sus habitantes. En algunos de estos territorios, los alquileres han repuntado más de un 100% en cinco años.En todos los casos, la iniciativa ha sido puesta en marcha por partidos de izquierda. En el País Vasco, pese a que el lendakari es del PNV, EH Bildu y los socialistas abarcan casi la totalidad de las zonas tensionadas. Por su parte, la Generalitat está presidida por el socialista Salvador Illa y Navarra por su homóloga María Chivite. El objetivo común es aliviar la creciente presión del coste de los alquileres. Sin embargo, la viabilidad y los efectos de esta política generan un amplio debate.Efectos futurosPor un lado, la reciente experiencia en Cataluña, que se convirtió en la primera comunidad en aplicar la medida, ofrece una perspectiva alentadora, explica Jaime Palomera, antropólogo y experto en vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Los precios del alquiler cayeron entre un 3% y un 5% en las zonas tensionadas entre enero y junio de este año, coincidiendo con la entrada en vigor de la regulación de las rentas, que fue en marzo. El descenso, aunque moderado, es significativo en un contexto en el que el mercado sigue marcando récords históricos. El analista insiste en que los efectos solo se perciben con el paso del tiempo, “en la medida en la que las personas que viven de alquiler ven de forma efectiva, que están más protegidas, porque ya no les pueden subir el alquiler de forma súbita y desproporcionada”. E insiste en que “la evidencia científica de Estados Unidos y Europa, muestra que se reducen las mudanzas forzosas y la inseguridad residencial”.No obstante, la postura de Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universitat de València y director de estudios financieros de Funcas, pone en duda la efectividad a largo plazo de estas intervenciones. Aunque reconoce que la reducción de precios en la Generalitat podría considerarse un éxito a corto plazo, advierte que las consecuencias más negativas de la regulación aún están por verse. Su mayor preocupación es que, en un contexto de escasez crónica de viviendas, los propietarios se retiren del mercado del alquiler. En lugar de ajustarse a los límites establecidos, muchos arrendadores pueden optar por no poner sus casas a disposición de quien busca un piso, lo que solo incrementaría la falta de oferta. “Los contratos firmados pueden experimentar una reducción o un menor aumento de las rentas, lo que mejora la situación en esos casos. Sin embargo, el problema es que todo lo que no se firma, o lo que se queda fuera del mercado, genera más tensión. Esto es lo que ocurre en Cataluña y otros lugares, donde las regulaciones pueden tener efectos no deseados en la disponibilidad”, asegura.Los datos de la Generalitat también reflejan esta otra parte de la historia. Tras la entrada en vigor de la regulación, los contratos cayeron un 17% en términos intertrimestrales en los municipios declarados como mercado residencial tensionado. La reducción corresponde a los meses de abril, mayo y junio, el primer periodo completo con la regulación vigente. La contracción del mercado podría terminar por afectar a las familias más vulnerables, que es en principio a quienes se busca proteger. Así lo cree José García Montalvo, catedrático en la Universitat Pompeu Fabra, quien explica que el objetivo de una política “no puede ser bajar el precio del alquiler, sino permitir el acceso a una vivienda para la gente que cuenta con pocos recursos”.En su opinión, el caso catalán de 2020 demuestra que este tipo de regulaciones provoca un frenazo en el mercado, mientras que los precios apenas registran cambios. En ese año, los contratos cayeron un 16%, pero los alquileres apenas se moderaron un 0,1% en Cataluña y un 1,4% en Barcelona (si se analiza solo el cuarto trimestre, que es cuando entra en vigor la regulación, la caída fue de un 3,4% y un 5,7%, respectivamente). “Este sistema lo único que genera son largas colas en las que aquellos con menos posibilidades de competir con el mercado, como pueden ser personas con ingresos bajos o familias monoparentales, quedan al final de la lista, mientras que los nómadas digitales o personas con mayores recursos son los que accedan a las viviendas, perpetuando la desigualdad”, asegura el analista.El hecho es que la carestía en las principales ciudades lleva a muchas familias a buscar un hogar en los municipios aledaños, ampliando cada vez más la zona de desplazamiento. A ello se suma lo que Palomera describe como un desvío de vivienda al mercado de segundas residencias y al turismo. “Son problemas bastante transversales, que se dan al margen de los controles de precios porque tiene que ver más con el ciclo inmobiliario y el tipo de inversión que se está fomentando”, detalla.A pesar de las diferencias en las valoraciones, los tres expertos coinciden en que la falta de oferta es el verdadero problema estructural que enfrenta el mercado inmobiliario español. Palomera pone de relieve que, además de regular los precios, es esencial que se promuevan políticas que aumenten la oferta de casas asequibles. En este sentido, la intervención del sector público, especialmente a través de la creación de nuevos pisos y la rehabilitación de los existentes, es imprescindible para mejorar la situación. De no abordarse este problema, cualquier regulación de precios corre el riesgo de quedarse corta. No obstante, en el corto plazo es posible que tenga un impacto en las elecciones autonómicas y municipales. Montalvo es crítico al respecto y cree que se está utilizando “la zanahoria de las limitaciones del precio para la población sin que los ayuntamientos incentiven medidas que aumenten la oferta”. Seguir leyendo

El Global Mobility Call (GMC) celebrará su tercera edición del martes 19 al jueves 21 con una novedad: la presentación de su primer informe de movilidad sostenible, que recoge todos los conocimientos, debates y experiencias expuestos en el encuentro del año pasado. De este modo, el evento, organizado por Ifema Madrid y Smobhub, busca hacer honor a su nombre, realizando una “llamada a la acción” para construir una movilidad “más sostenible, segura, eficiente y equitativa”.El primer número de los Papers Global Mobility Call reúne los mensajes clave de las más de 120 mesas redondas celebradas en el congreso de 2023, así como las contribuciones de más de 450 líderes empresariales e institucionales que participaron en representación de todos los sectores implicados en la transformación del transporte. El documento, que definen como “un repositorio de inteligencia colectiva”, propone así “soluciones tangibles” a las demandas de la sociedad.Para la elaboración del reporte, Ifema y ­Smobhub han contado con la colaboración del Instituto Fraunhofer, la mayor organización de investigación aplicada en Europa, con sede en Múnich, y Bable, una spin-off de Fraunhofer y hub digital europeo que trabaja por un nuevo modelo de ciudad inteligente.A lo largo del informe se destacan aspectos cruciales que deben orientar el desarrollo de la movilidad, como la inversión en infraestructuras críticas, el papel vertebrador del transporte público y la colaboración público-privada, además de la necesidad de alinear objetivos entre todos los actores involucrados y de transformar la planificación estratégica en realidades concretas.El informe recomienda como proyectos prioritarios la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, la adaptación de las ciudades a la bicicleta bajo el concepto de 15 minutos –ningún ciudadano debería tardar más de ese tiempo en llegar al trabajo, la escuela, el ambulatorio o a cualquier otro servicio básico– y la creación de zonas peatonales.Igualmente, propone el impulso de sistemas basados en inteligencia artificial, redes 5G y nuevos modos de transporte, como vehículos de despegue y aterrizaje vertical y hyperloops (cápsulas supersónicas), que contribuyan a la descontaminación de la atmósfera y faciliten el intercambio de datos en tiempo real para mejorar la eficiencia del transporte público.Establecer zonas de cero emisiones para reducir la congestión vehicular, crear nodos que integren distintos servicios de transporte y fomentar el uso de vehículos compartidos son otras propuestas del informe. Todo ello, apoyado en un marco regulatorio claro que equilibre las necesidades rurales y urbanas.OradoresLa edición 2024 del GMC contará con más de 450 oradores que participarán en 115 mesas de debate y charlas. Entre ellos figuran Chris Barton, fundador y creador en 2002 de Shazam, la app de reconocimiento de música que Apple compró a finales de 2017 por 400 millones de dólares; Joseph McMonigle, secretario general de la Federación Internacional de la Energía (IEF); Richard Irvin, alcalde de Aurora (Illinois); Eileen Vélez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico, y Karla González Carvajal, responsable de igualdad de género en la división global de transportes del Banco Mundial.También están anunciados Louis Zacharilla, cofundador del Foro de Comunidades Inteligentes; Mark Collins, jefe de transporte del futuro en el organismo público responsable de coordinar este servicio en el condado metropolitano de West Midlands, en Reino Unido; Benjamin de la Peña, CEO del Centro de Movilidad de uso compartido de Chicago; Helene Chartier, directora de urbanismo en C40, la red de alcaldes comprometidos con el medio ambiente, y Shin-pei Tsay, directora de nueva mecánica urbana en el ayuntamiento de Boston. Seguir leyendo

Pedro Marín Mellinas, directivo con una larga trayectoria en la logística de gran consumo, se ha incorporado al equipo del grupo Ceva Logistics, como ...

Pedro Marín Mellinas. directivo con una larga trayectoria en la logística gran consumo, se ha incorporado al equipo del grupo Ceva Logistics, como responsable ...

Goodman Real Estate Spain, filial del grupo australiano del mismo nombre, dedicada al desarrollo y gestión de activos logísticos, va a cumplir un lustro de fuerte crecimiento en el mercado inmologístico nacional, al haber incorporado a su cartera cerca de 722.000 m2 de nueva superficie. Además, va a seguir aumentando su huella mediante el desarrollo de nuevos complejos, principalmente en Madrid y Cataluña, sus dos principales focos de atención.