Sektoreko Albisteak

El Gobierno vasco ha presentado este miércoles su Plan Eraldatuz a 2030 con una inversión pública de 1.000 millones en empresas de Euskadi para que afronten las transformaciones que vive la economía, desde el ámbito industrial al digital, pasando por el medio ambiental y la movilidad sostenible, entre otros. Eraldatuz, que persigue movilizar 3.000 millones de inversión del sector privado, buscará la participación de fondos internacionales en las operaciones inorgánicas que asuma, siempre como accionista minoritario y con una participación máxima que nunca superará el 49%. Desde el Ejecutivo de Vitoria propondrán a los fondos su entrada en unos proyectos que estarán relacionados con empresas consideradas claves para la evolución de la economía de Euskadi. Quiere socios del exterior, además de los del ámbito local como bancos, fondos de pensiones y familiy offices.Esto en relación con la inversión indirecta, porque el Gobierno del lehendakari Imanol Pradales seguirá con su fondo Finkatuz para entrar de forma directa en el capital de compañías tractoras y consolidar su arraigo en la comunidad autónoma. Ahora cuenta con un presupuesto de 200 millones y participa en el accionariado de grupos de diversos sectores, como CAF, ITP Aero, Iparlat y Arania. El plan Eraldatuz prevé duplicar el presupuesto de Finkatuz hasta los 400 millones. Y flexibiliza las condiciones de inversión. Ahora podrá apostar por compañías con ventas anuales de hasta 50 millones (antes se marcaban 100millones como mínimo) y con 30 empleados (medio centenar en la exigencia anterior). También respaldará proyectos que supongan inversiones fuera de Euskadi, para fortalecer la internacionalización de los negocios. Uno de los nuevos instrumentos de financiación del Plan Eraldatuz es Indartuz, que ofertará deuda flexible. El lehendakari Imanol Pradales ha puesto un ejemplo de esta modalidad en la presentación del plan este miércoles en la Bolsa de Bilbao. Si una pyme tiene que abordar su implantación exterior o ampliar su capacidad productiva, sin tener que abrir el capital a nuevos socios y contando con apalancamiento a corto plazo, Indartuz aporta la financiación sin que la pyme tenga que abordar cambios en el accionariado.Indartuz contará con una línea de avales de 350 millones con la cobertura de la sociedad de garantía recíproca Elkargi. El Ejecutivo de Vitoria también ampliará la actividad de sus fondos de capital riesgo. Uno de ellos, Handituz, apoyará a start-ups con menos de tres millones de facturación anual y con iniciativas en sectores innovadores. Otro, Ezten II, respaldará proyectos consolidados.El despliegue de estos instrumentos se realizará a partir de 2026. Para impulsar los sectores citados de industria, energía, digital y movilidad sostenible, además de otros como el cine y la inversión en infraestructuras avanzadas.El consejo de Gobierno del Ejecutivo de Vitoria aprobó este martes el Plan Industrial que aspira a movilizar inversiones de 16.000 millones, sustentadas en parte por Eraldatuz. Seguir leyendo

El puerto de Castellón ha alcanzado la cifra histórica de 200.753.996 toneladas de mercancías La entrada PortCastelló supera los 200 millones de toneladas movidas en los últimos diez años se publicó primero en Naucher.

La primera participación del puerto de Alicante en Fruit Attraction ha servido para reforzar La entrada Alicante proyecta la instalación de una gran nave frigorífica para dar servicio al sector hortofrutícola se publicó primero en Naucher.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, asiste a La entrada Marín acude a Fruit Attraction con el objetivo de atraer nuevos tráficos se publicó primero en Naucher.

El Gobierno está actualmente embarcado en la delicada tarea política de desplegar la planificación eléctrica nacional para los próximos años, que supondrá repartir en el territorio 13.500 millones de euros en el refuerzo de la red eléctrica. Se trata de una infraestructura crítica para atraer proyectos clave para la generación de empleo y la economía de las distintas regiones. Por ello, diferentes fuentes del sector ya anticipan un nuevo frente político entre la Administración Central, encargada de la planificación, y las comunidades autónomas, dadas las implicaciones que tiene este plan sobre los distintos territorios, especialmente en aquellos con compromisos millonarios pendientes en centros de datos. De forma inminente, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que hacer pública la planificación que ha elaborado para los próximos años y todas las regiones podrán saber no sólo la parte que le corresponde a su territorio, sino también qué porción de la tarta ha caído en el resto del país. A partir de ahí, se abrirá a consulta pública dicha planificación para que todos los agentes puedan hacer sus alegaciones en las próximas semanas.Sabedor de la sensibilidad política que entraña esta cuestión, el Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses preparando el terreno. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido en las últimas semanas reuniones técnicas con consejeros de todas las comunidades autónomas, en las que también ha participado Red Eléctrica, empresa encargada de ejecutar los planes del Gobierno. Además, esta misma semana también se ha visto con las principales empresas distribuidoras, para conocer las necesidades de apoyo a la baja tensión, que ha mostrado falta de capacidad para nuevos proyectos. Antes, el departamento liderado por Sara Aagesen ya pidió a los distintos territorios que esbozaran una lista de sus actuaciones prioritarias, según ha desvelado El Mundo de fuentes del propio ministerio. La planificación debe hacerse lo más simple posible, para evitar impactos sobre el territorio y que suba lo menos posible la factura de la luz, ya que estas inversiones se cargan al recibo de los consumidores.Tras las reuniones, las comunidades autónomas han mostrado un alto grado de satisfacción en general. Sin embargo, ya han surgido las primeras críticas. La más sonora ha llegado desde Aragón. La comunidad liderada por Jorge Antonio Azcón ha tachado la propuesta que le ha hecho llegar el ministerio de “decepcionante”, ya que a su juicio limita la posibilidad de acoger centros de procesamiento de datos, que está suponiendo una cascada de anuncios de inversión de gigantes internacionales como Blackstone (7.500 millones) o Amazon (15.700 millones) en la región. La crítica ya ha sido respondida desde la Administración Central. Groizard, que ya apuntaba a cierta burbuja desde principios de año, señala que ya hay peticiones de conexión a la red aceptadas por 12,5 GW, cuando la planificación estima que no se necesitan más de 4 GW para atender la necesidad de datos en los próximos años.Tanto Groizard como Aagesen ya han dejado claro que la prioridad a la hora de conceder permisos de acceso a red, un bien preciado por la escasez de puntos que existe en España, serán los proyectos industriales, que generan más valor añadido económico y empleo.En las reuniones mantenidas no están dando prioridad a las peticiones que buscan satisfacer a los centros de datos. De hecho, aunque de forma más tímida que Aragón, también han aflorado críticas desde Cantabria, donde se ha calificado de “política restrictiva” la planificación sobre centros de datos. Incluso se ha consensuado formar un grupo de trabajo para abordar el proyecto Altamira anunciado por Stoneshield Capital, la gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés, que prevé invertir 3.600 millones de euros. También se ha quejado de la planificación 2025-2030 el presidente de Galicia, Alfonso Rueda. El sucesor de Feijóo ha lamentado la exclusión del proyecto aún sin confirmar de Altri para conectar una fábrica de celulosa y ha asegurado que esta decisión se reduce a una cuestión política que perjudica a toda la provincia de Lugo. Sin embargo, la comunidad se ha mostrado satisfecha para las otras tres provincias, donde va a doblar su capacidad.Otros territorios que se han mostrado satisfechos en parte pero que han pedido más para centros de datos son Andalucía y Madrid. Se trata de dos de las baronías más potentes que tiene el PP. Moreno Bonilla ha reclamado más inversión para su tierra.Ninguna ha hecho especial ruido por ahora con la causa. El tono ahora de satisfacción por mejorar el acceso a redes para desarrollo residencial dista mucho de hace año y medio, cuando Ayuso dijo que el Gobierno quería dejar Madrid sin energía. Pero en el ámbito empresarial y también político no se descarta que pueda haber controversia. Sobre todo se teme que se puedan hacer agravios comparativos. Ya han empezado a aflorar por dónde pueden venir las comparaciones. El PNV ha celebrado el incremento de las inversiones en la planificación para Euskadi, que aumentará su potencia en un 40%. En el caso de Murcia, el tono también fue de entendimiento. Sin embargo, tras la reunión, una diputada de la asamblea regional del PP quiso “exigir al Gobierno de España que deje de castigar a Murcia con inversiones por debajo del 1% en el sistema eléctrico, mientras destina un 17% al País Vasco”.Las quejas no solo vienen del PP, también hay comunidades del PSOE que han criticado la planificación. Este es el caso de Navarra. Su consejero de Industria se mostró tras la reunión con el ministerio “profundamente preocupado” tras asegurar que algunas demandas en cuanto a mejora de las capacidades de la comunidad foral no han sido “debidamente atendidas”.Fuentes al tanto de la situación señalan que las quejas de Navarra, gobernada por el partido socialista, demuestran que el Ministerio ha aplicado el mismo criterio para todos sin distinción por cuestiones políticas. Sin embargo, estas fuentes admiten que tras publicarse el mapa completo no es descartable que haya quien quiera hacer una causa política de esta cuestión.La planificación anunciada este mismo mes de septiembre contempla dotar de actuaciones a la red para dar cabida a 9 GW de industria o 13 GW de plantas de producción de hidrógeno verde. Además, hay otros 4 GW entre proyectos residenciales, claves para abordar el problema de la vivienda, actuaciones en los puertos o la red de alta velocidad de Adif. A lo anterior habrán de sumarse 3,8 GW más para los centros de datos ya citados. Seguir leyendo

La segunda jornada de la sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), La entrada La segunda jornada del BNEW se centra en las soluciones innovadoras de las startups se publicó primero en Naucher.

El Grupo Moldtrans, operador de transporte terrestre internacional, marítimo, aéreo, distribución nacional, transporte insular, La entrada Macarena Cruz asume la dirección de la delegación en Sevilla del Grupo Moldtrans se publicó primero en Naucher.

Representantes del puerto de Huelva, Puertos del Estado y Frigoríficos Portuarios del Sur (Friportsur) La entrada Huelva y Friportsur presentan el hub logístico del frío en Fruit Attraction se publicó primero en Naucher.

Los datos referentes a los contratos de arrendamiento de viviendas en la provincia de Gipuzkoa pasarán desde este miércoles a formar parte del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler. La publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que recoge esta actualización de los datos desembocará en que 38.044 contratos se incorporen al fichero general, elevando el total de registros de los que se compone actualmente hasta los 2,4 millones de datos anuales. Con este movimiento, las viviendas situadas en esta provincia dispondrán de un baremo con información acerca de los precios de los alquileres vigentes y su evolución, al que podrán acceder tanto arrendadores como arrendatarios a través de la página web del Ministerio. Y en las zonas declaradas tensionadas se podrán aplicar nuevos límites de rentas. El índice de precios de referencia es una base de datos de contratos de alquiler que tiene como objetivo ofrecer, a título orientativo, una referencia de los valores que se están ofreciendo en determinadas zonas del país. Al mismo tiempo, sirve también de referencia para fijar los precios de las zonas declaradas como tensionadas. Es el caso de los municipios de San Sebastián, Irún, Zumaia, Errenteria y Lasarte-Oria, todas ellas en la provincia de Guipúzcoa. Estos ya se regían por otras limitaciones que establece la Ley por el Derecho de la Vivienda, como que un nuevo contrato de arrendamiento no pueda superar el precio del anterior, pero hasta ahora no se podían establecer otros controles de renta que contempla la norma, por ejemplo para grandes propietarios.El motivo es que el sistema estatal, al basarse en datos fiscales, inicialmente solo contemplaba datos de las comunidades del régimen común. Posteriormente, se incorporaron, por un acuerdo con la Hacienda navarra, los de esa comunidad. Y ahora se hace lo mismo con los de Gipuzkoa. El sistema estatal, por tanto, ya contiene datos de todas las provincias, salvo de Bizkaia y Álava, a falta de completar un trámite similar con las diputaciones de estos territorios, que son las que tienen las competencias fiscales. El Ministerio defiende que mantener actualizada esta herramienta sirve para vigilar la evolución de las distintas medidas puestas en marcha en determinados territorios. Hasta el momento, la declaración de área tensionada de precios de vivienda afecta a 271 municipios catalanes, 21 en Navarra, siete en Euskadi (cinco de ellos en Gipuzkoa y dos en Bizkaia) y la localidad de A Coruña, la primera que ha dado ese paso en una comunidad gobernada por el PP (pero con una alcaldesa socialista).La solicitud de esta figura al ministerio, que debe aprobar la propuesta, depende por entero según la norma estatal de las comunidades autónomas. El PP se ha mostrado combativo con los controles de precios que contempla la ley estatal de vivienda desde el principio, y por eso algunos de sus presidentes autonómicos se han negado a declarar áreas tensionadas, aunque algunos consistorios se lo soliciten. El Gobierno vasco ha anunciado recientemente la declaración de nuevas poblaciones, como Vitoria, que están en trámite de que el Gobierno las estudie. La declaración como tales causará efecto desde su publicación en el BOE. Seguir leyendo