Noticias

La evolución del IPC de noviembre, el último dato necesario para calcular el porcentaje de revalorización, se conocerá dos días antes de la cita con las urnas

El Departamento contará en 2027 con 397,7 millones de euros para seguir desarrollando un modelo de Justicia más accesible, moderno y cercano y consolidar las políticas de derechos humanos, memoria y convivencia   El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco contará en 2027 con un presupuesto de 397,7 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio anterior. Este incremento, de aproximadamente 28,5 millones de euros, permitirá reforzar los servicios públicos de Justicia, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la reinserción social, modernizar las infraestructuras y los sistemas de gestión judiciales, y consolidar las políticas de promoción y protección de los derechos humanos y preservación de la memoria democrática. El proyecto presupuestario, presentado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, junto al viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, y el director del  Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora, Alberto Alonso, responde a una orientación política definida: garantizar el acceso a la Justicia, mejorar la atención a todas las víctimas, reforzar la reinserción social, proteger los derechos humanos y preservar la memoria democrática. “Lo importante no es únicamente cuánto destinamos a Justicia y Derechos Humanos, sino para qué lo hacemos y qué modelo de servicio público queremos seguir construyendo”, ha señalado San José. La consejera ha defendido que Justicia y Derechos Humanos son “dos dimensiones inseparables de una misma responsabilidad pública: garantizar los derechos de las personas y fortalecer nuestra democracia”. Especialmente, ha insistido, “en un momento social y político en el que asistimos con preocupación a dinámicas que cuestionan los derechos humanos y el Estado de Derecho, que banalizan o justifican la violencia y que alimentan la deshumanización de quien piensa o es diferente”.   Servicio público esencial El capítulo de personal alcanza los 222 millones de euros para sostener un servicio público que ha calificado de “esencial”. Se destinan, además, 18 millones al turno de oficio y de guardia de la abogacía y 1,13 millones a la procura, para garantizar la asistencia jurídica gratuita y que nadie quede excluído por razones económicas. La atención a las víctimas seguirá siendo prioritaria. Se mantiene una dotación de 1,2 millones para el Servicio de Asistencia a la Víctima y se incrementan los recursos destinados a la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género a través de los colegios de la abogacía de los tres territorios. Por su parte, la partida destinada a Justicia juvenil y Puntos de Encuentro Familiar crecen hasta los casi 21 millones de euros, mientras que el Servicio de Gestión Penitenciaria alcanza los 9,1 millones. Estas partidas permitirán sostener la atención a menores y familias en situaciones complejas, y reforzar los programas socioeducativos y de reinserción. En el ámbito penitenciario, el presupuesto contempla 3,66 millones de euros para las retribuciones de las más de 630 personas internas que trabajan en los talleres y servicios de la Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak en los centros penitenciarios. Suponen el 60% de las personas internas que están en disposición de trabajar. De este modo, el modelo penitenciario vasco seguirá avanzando sobre los principios de seguridad, dignidad y reinserción, facilitando oportunidades para la incorporación social y laboral tras el cumplimiento de las penas.   Más de 14 millones adicionales para modernizar la Justicia La Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras pasará en 2027 de 46,7 a 60,8 millones de euros, un incremento superior a 14 millones que permitirá avanzar en la transformación tecnológica y mejorar las instalaciones judiciales. Entre las actuaciones previstas destacan la continuación de las obras del edificio de Telefónica en Bilbao y la reforma de la última planta del Palacio de Justicia de San Martín, en Donostia, además de la adquisición de locales en Vitoria-Gasteiz. Se destinan también 575.000 euros a adaptar los espacios al nuevo modelo de oficina judicial, mejorar la atención a menores y garantizar recorridos seguros y diferenciados para víctimas y personas investigadas o acusadas. Las cuentas incorporan 950.000 euros para el mantenimiento de los edificios judiciales. La modernización tecnológica y de las infraestructuras tendrá como objetivo mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar una Justicia más accesible y eficiente.   Derechos Humanos, Memoria y convivencia Por su parte, el área de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia contará con 12,4 millones de euros, sumando los 7,15 millones de la Dirección y los 5,25 millones destinados a Gogora, con la atención, el reconocimiento y la reparación de las víctimas como prioridad. Por ello, se mantienen las líneas de colaboración con asociaciones y fundaciones como AVT, COVITE, Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación Fernando Buesa y Fundación Egiari Zor, con aportaciones de entre 55.000 y 64.000 euros, además de las convocatorias de concurrencia competitiva. San José ha destacado que “no estamos ante una mera política de subvenciones, sino ante una política de colaboración institucional” porque las asociaciones “aportan experiencia, conocimiento y una perspectiva insustituible clave para diseñar y desarrollar políticas públicas dirigidas a las víctimas, y por eso queremos seguir fortaleciendo esa relación”. En el ámbito de los derechos humanos ha considerado que son “una responsabilidad pública permanente”, por lo que ha apelado a construir una sociedad “cada vez más consciente de sus derechos, más comprometida con su defensa y más preparada para responder frente a cualquier vulneración”. En este sentido, el presupuesto destina 675.000 euros al apoyo de organizaciones sociales que desarrollan proyectos de promoción de los derechos humanos, 125.000 euros a entidades locales y 250.000 euros a los Bonos Elkarrekin. Se mantendrán programas como Adi-Adian y la Comunidad de Aprendizaje, junto con iniciativas de sensibilización y educación en derechos humanos desarrolladas con universidades, centros educativos y entidades sociales. También continuarán las actuaciones de protección de personas defensoras de derechos humanos y el acompañamiento a personas refugiadas y desplazadas.   Gogora refuerza la investigación y la recuperación de testimonios La aportación a Gogora en el presupuesto ascenderá a 5,25 millones de euros. Entre sus principales líneas de trabajo seguirán figurando la investigación, la recuperación de testimonios y la transmisión de la memoria democrática. El Instituto continuará colaborando con instituciones de Navarra, Euskadi y el departamento francés de Pirineos Atlánticos a través del Consorcio para las Memorias Democráticas e Identidades Transfronterizas. Asimismo, ampliará el banco de testimonios de personas represaliadas por su diversidad sexual durante el franquismo y hasta los años noventa, comenzará a recoger testimonios relacionados con la violencia de persecución y extorsión e impulsará una investigación sobre las personas afectadas por la poliomielitis durante la dictadura, “una reivindicación histórica de estas víctimas recogida en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi”. Se desarrollarán también investigaciones sobre las exhumaciones tempranas realizadas en Euskadi entre 1976 y 1980. Con el objetivo de que Gogora se consolide como un centro de investigación de referencia en el estudio de la violencia de motivación política y en la construcción de las memorias, se mejora la gestión de la páginas web del Instituto, facilitando el acceso público y gratuito a la documentación digital y poniendo a disposición de los centros educativos materiales pedagógicos adaptados a cada municipio.   Responsabilidad de avanzar San José ha defendido que las cuentas de 2027 permiten consolidar un modelo de Justicia y Derechos Humanos con recursos, profesionales y objetivos concretos. “Puede haber quien considere estas cuentas continuistas. Pero mantener y reforzar los servicios que funcionan, ampliar la atención a quienes necesitan apoyo, modernizar la Administración de Justicia, seguir construyendo una política penitenciaria orientada a la reinserción, mejorar la atención a las víctimas, promover y proteger los derechos humanos y preservar la memoria democrática no es conformarse con lo conseguido. Es asumir la responsabilidad de avanzar”, ha afirmado.

La directiva, con amplia experiencia internacional, cuenta con un extenso bagaje en los ámbitos financiero y cultural