Sektoreko Albisteak

En el último periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para La entrada La ONU abre la puerta al transporte multimodal con un marco jurídico para los documentos de carga negociables se publicó primero en Naucher.

Unide ha optado por la promoción interna para designar como directora de Logística a Elena de los Ríos, con 26 años de experiencia en la compañía, según ...

JSV Logistic ha anunciado la incorporación de Nazca Capital como nuevo socio estratégico, con el objetivo de reforzar su plan de expansión y mejora continua, ...

En línea con su estrategia de mejora continua y compromiso con los estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, ROR, operador logístico especializado en transporte por carretera para el sector retail, ha obtenido recientemente la certificación OEA (Operador Económico Autorizado), al tiempo que ha renovado con éxito sus certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

El centro de investigación y desarrollo tecnológico Tecnalia ha comenzado a construir su nuevo edificio destinado a la movilidad sostenible y la transición energética y que prevé poner en marcha a finales del año que viene. 

El Gobierno Vasco, a través de la Vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, respecto al nuevo aplazamiento del Consejo de Asuntos Generales de la UE en la decisión sobre el reconocimiento del euskera como lengua oficial de la Unión Europea, ha manifestado que esta dilación es incomprensible. Ha defendido que se trata de una cuestión de justicia, igualdad y respeto a los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos europeos. La Vicelehendakari ha subrayado que el euskera es una lengua viva, propia de la ciudadanía vasca y parte del patrimonio europeo, y ha recordado que Europa no puede construirse negando su diversidad. No obstante, el Gobierno Vasco se muestra convencido de que “hoy estamos más cerca que nunca de lograr la oficialidad del euskera en Europa”. Ha agradecido el esfuerzo diplomático del Gobierno español y de todas las instituciones implicadas, y ha pedido mantener el compromiso político con esta causa. El Ejecutivo vasco reitera su voluntad firme de seguir trabajando en todos los ámbitos para alcanzar este objetivo, convencido de que Unidos en la diversidad no debe ser solo un lema, sino un principio real de acción política en la UE.

“Retos europeos en la gestión sostenible del litoral”, curso de verano de la EHU en el Palacio de Miramar Con la participación de Itziar Alkorta, Koldo Goitia y Pantxi Altube Desde el 1 de abril, el Gobierno Vasco ha tramitado y resuelto, en Gipuzkoa, 92 autorizaciones otorgadas, 42 autorizaciones en tramitación y 37 concesiones en tramitación. En Bizkaia son 46 autorizaciones resueltas; 26 autorizaciones en trámite; 18 concesiones en trámite y 6 concesiones resueltas. “El sector litoral es una oportunidad para que la juventud genere actividades previstas en la Economía Azul de la Unión Europea” Donostia San Sebastián 2025 07 18 Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, considera  que “el desarrollo litoral ha de suponer, al igual que el rural, una oportunidad para nuestra juventud ya que en él se pueden generar actividades previstas en la Economía Azul de la Unión Europea, respetuosas con el entorno y que generen riqueza social”. La Sailburu ha clausurado el Curso de la EHU dedicado a los “Retos europeos en la gestión sostenible del litoral” que se ha desarrollado en el Palacio de Miramar de Donostia-San Sebastián. “El reciente traspaso a Euskadi de la competencia y funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral por parte del Ministerio permite a Euskadi disponer de una visión integral de la costa como entidad continua y única, donde confluyen valores ambientales, económicos y sociales” ha comentado Amaia Barredo. La ordenación y gestión del litoral es objeto de regulación por diferentes normas jurídicas que abordan su protección y uso desde la óptica urbanística, ambiental, turística, recreativa y de desarrollo económico. La nueva competencia asegura, según ha detallado la Consejera, ·un planteamiento territorial coherente e intersectorial integrando a los diferentes sectores y niveles de gobernanza, con un planteamiento participativo y basado en experiencia y conocimiento”. Gestión integrada La recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre la gestión integrada de las zonas costeras, junto a la comunicación de la Comisión Europea denominada “Una estrategia para Europa” reconocen que las políticas e instrumentos de la Unión acompañan y reafirman la transferencia. “No podemos olvidar que esta gestión integrada que plantea la Unión Europea la debemos entender y contextualizar de manera participativa, dinámica y adaptativa persiguiendo siempre un  desarrollo sostenible integral, ambiental, social y económico” ha comentado Barredo.  En el curso se han conocido experiencias e iniciativas europeas, estatales y vascas  en materia de ordenación, gestión e iniciativas de nuevos modelos de  gobernanza en el ámbito litoral.  Los ponentes que han participado en la jornada han sido  Javier Sanz, Jordi Guillen, Koldo Goitia, Rosa Chapela, Francisco Viñez, Jose Antonio Armolea, Ángeles Vázquez, Antonio Acosta, y Laura López. “Economía Azul”. Euskadi gestiona, desde el pasado 1 de abril, su litoral con la clave del desarrollo de la “Economía Azul”. Para Amaia Barredo “ese desarrollo del litoral ha de generar nuevas industrias sostenibles, impulsar la economía azul y apoyar el desarrollo de esa Euskadi global. El desarrollo litoral ha de suponer, al igual que el rural, una oportunidad para nuestra juventud: en él se pueden generar actividades como las previstas en la Economía Azul de la Unión Europea, respetuosas con el entorno y que generen riqueza social”.  A juicio de Amaia Barredo, “el conocimiento y la cercanía que tiene el Gobierno Vasco de su medio físico, en este caso de nuestro litoral, así como el acercamiento del poder de decisión al Territorio y la relación directa y cercana con el resto de administraciones locales, Diputaciones y ayuntamientos, permitirá que las competencias se desarrollen con un mayor grado de certeza, al analizar y conocerse mejor las incidencias o conveniencias que pueden ocasionar sus usos u ocupaciones”. “Las Autorizaciones y concesiones en el dominio marítimo terrestre que estamos gestionando y poniendo en marcha de manera más ágil y sencilla, van a verse  simplificadas en su tramitación a través de la colaboración con el resto de administraciones locales” ha destacado la Consejera. Según ha recordado Amaia Barredo, “han sido 46 años que llevamos esperando  alcanzar la completa transferencia de lo acordado en el Estatuto de Gernika y, aunque tarde, estamos avanzando y asumiendo nuevas funciones y responsabilidades que se suman a nuestra autonomía como País”. Algunas competencias con relación directa con la Ordenación y gestión del Litoral, como la recaudación de los cánones, la información a los planes de ordenación urbanística y la gestión de los deslindes,  serán gestionadas por el Ministerio al estar sujetas a marcos normativos diferentes. Barredo ha señalado que ello “se coordinará eficientemente a través de mesas de  seguimiento y colaboración entre  el Ministerio y el Gobierno Vasco”. “Estamos trabajando en la transferencia de otras competencias con el objetivo de  más y mejor  autogobierno. Lo transferido nos va a permitir agilizar procesos y realizar simplificaciones administrativas para los usos y actividades que se realizan en nuestros  246 kilómetros de aguas y costas desde la Punta de Cobarón, en el límite oeste de Bizkaia, hasta el río Bidasoa en la confluencia de Gipuzkoa con Lapurdi. Son 56 municipios afectados por la Ley de costas”. Amaia Barredo ha explicado que “estamos aprovechando esta trasferencia para fortalecer y mejorar nuestros servicios públicos, los relacionados con la actividad económica costera y el desarrollo litoral, para crecer en bienestar y calidad de vida y para satisfacer a nuestra población. Representación pesquera en Bruselas Desde el día 1 de abril, con la transferencia se han tramitado y resuelto los siguientes expedientes:  en Gipuzkoa, 92 autorizaciones otorgadas, 42 Autorizaciones en tramitación y 37 Concesiones en tramitación. En Bizkaia han sido 46 autorizaciones resueltas, 26 autorizaciones en trámite, 18 concesiones en trámite y 6 concesiones resueltas. Ejemplos de ello son las concesiones del Puente Euskalduna en Bilbao, del dique-muro de la central nuclear de Lemoiz; del Puente de La Salve en Bilbao; la CNC-B-11 o Bidegorri de Leioa, la CNC-B-12 de Leioa y la CNC02.B.0003, bidegorri de Erandio. Hoy mismo se va a resolver una concesión para el puente de Deusto en Bilbao. El pasado día 1 de julio el Gobierno Vasco asumía la representación autonómica semestral en materia de Pesca ante el Consejo de Ministros la Unión Europea y en sus grupos de trabajo. Amaia Barredo ha indicado que “ahora toca coordinar, proponer y trasladar la actividad generada en Bruselas, relacionada con la pesca y el desarrollo litoral, a cada una de las comunidades y ciudades autónomas costeras peninsulares. Va a ser tiempo de analizar con detalle cómo se pesca en el Atlántico, en el Índico y en el Mediterráneo y de  valorar el esfuerzo y contribución de nuestros arrantzales a una pesca sostenible y respetuosa”.

Como cada siete años, la Comisión Europea presentó ayer su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, con un montante total cercano a 2 billones de euros, equivalente al 1.26% del PNB de la UE (si se deduce el pago de los intereses de la deuda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de NextGenerationEU, se rebaja a 1,816 billones de euros). El Gobierno Vasco había abogado, en su contribución a la consulta pública de mayo, por una política de cohesión moderna y descentralizada, con un presupuesto comunitario más ambicioso que estuviera a la altura de los desafíos actuales, de hasta el 2% del Producto Nacional Bruto de la UE, y reivindicando el papel activo de las regiones industrializadas y con capacidad legislativa propia. La propuesta del ejecutivo comunitario pretende simplificar el Marco Financiero Plurianual actual y reduce a cuatro rúbricas las actuales siete rúbricas del MFP 2021-2027. Las cuatro rúbricas propuestas son las siguientes: Cohesión económica, social y territorial, agricultura, prosperidad rural y marítima y seguridad: 1.062.220 millones de euros Competitividad, prosperidad y seguridad: 589.594 millones de euros Una Europa global: 215.203 millones de euros Administración: 117.877 millones de euros El Gobierno Vasco valora positivamente que la propuesta de MFP 2028-2034 sitúe a la competitividad y la innovación como ejes estratégicos. Así, la creación del Fondo Europeo de Competitividad, con una dotación de 409.000 millones de euros para el periodo 2028-2034, supone un salto cualitativo en el apoyo a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la industrialización a gran escala en Europa. Este fondo consolida un enfoque integral que cubre la cadena completa del I+D, desde la investigación básica hasta el despliegue industrial, y articula su funcionamiento en estrecha sinergia con el renovado programa Horizonte Europa. Asimismo, el Gobierno Vasco ve con buenos ojos que el programa Horizonte Europa continúe como un pilar autónomo, pero totalmente integrado con el Fondo de Competitividad a través de una programación conjunta y un enfoque coherente. No nos cabe duda de que la nueva visión de la Comisión en la que se subraya la excelencia, la simplificación y la aceleración de la inversión en toda la cadena de valor científico e industrial, con un foco reforzado en el salto de la investigación al mercado será muy beneficiosa para un territorio de alta innovación como es Euskadi. El Gobierno Vasco valora seguir de cerca la propuesta de más que duplicar la dotación del Mecanismo "Conectar Europa", con respecto al marco anterior. La apuesta por priorizar los tramos transfronterizos de infraestructuras de transporte y energéticas supone una oportunidad estratégica para territorios transfronterizos como Euskadi, siempre y cuando la Comisión Europea exija a los Estados Miembros su estricto cumplimiento. La propuesta de la Comisión agrupa las políticas de cohesión, agrícola, social, de pesca y de seguridad en un único Fondo de gestión compartida, denominado Fondo Europeo de Prosperidad Sostenible Económica, Territorial, Social, Rural y Marítima y de Seguridad. Tal y como había anunciado la presidenta Ursula Von der Leyen, la Comisión propone un plan único por país, denominado Plan Nacional y Regional de Asociación (NRP en sus siglas en inglés), en el que se incluye la Política Agraria Común (PAC). Cabe destacar que el programa Interreg de cooperación territorial europea, contará con un plan propio, si bien la propuesta de la Comisión mantiene un presupuesto poco ambicioso, como el actual, que no está a la altura del valor añadido europeo y la adicionalidad genuina de los programas de cooperación trasfronteriza, transnacional e interregional. Los argumentos de la Comisión para esta modificación radical de los marcos financieros conocidos hasta el momento han sido la simplificación y la flexibilidad. Sin embargo, el Gobierno Vasco manifiesta su profunda preocupación por el posible desmantelamiento de estructuras bien consolidadas y organizadas para la gestión de los fondos regionales y de las consecuencias que estas modificaciones puedan tener desde el punto de vista de la efectividad de las inversiones europeas. Lamentamos que la Comisión no esté considerando las aportaciones que desde las regiones se le han trasladado a lo largo de este proceso de preparación del próximo MFP, a través de cartas enviadas a la Presidenta de la Comisión Europea junto con el Comité de las Regiones y más de 140 regiones, el manifiesto de las regiones más industriales e innovadoras denominadas “Power Regions”, o las regiones con competencias legislativas, a través de la Iniciativa RLEG. A pesar de esta movilización, la Comisión Europea persiste en un Plan único por Estado miembro. El reglamento del Fondo de prosperidad y seguridad contemplará ciertas posibilidades de descentralización de su gestión y de respeto al orden constitucional, tal y como hemos solicitado las regiones con competencias legislativas que representamos realidades nacionales dentro de un Estado miembro. Sin embargo, esta descentralización es facultativa para los Estados miembros y no alcanza ámbitos tan fundamentales como la capacidad de recibir pagos correspondientes a los programas regionales por parte de la Comisión, que se encuentran ya descentralizados en la gestión actual de los fondos estructurales y de inversión. Además, la recepción de los fondos estará condicionada a la gobernanza macroeconómica y al semestre europeo, lo que incrementa la presión para alinear los programas a reformas de ámbito únicamente estatal, sin considerarse las necesidades de cohesión de las regiones europeas. Vincular los desembolsos al Estado miembro a hitos y objetivos preestablecidos en el Plan, aplicando el modelo del actual Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, limitarán su impacto y minimizarán su aprovechamiento si estos hitos y objetivos no se adaptan a la realidad social y estructura productiva de las regiones, pudiendo incluso abocar a una pérdida de fondos europeos. El Gobierno Vasco considera que esta propuesta representa un grave retroceso en la participación regional en la gobernanza multi-nivel de la Unión Europea, retroceso que no se justifica y que Euskadi rechaza frontalmente por considerarlo perjudicial para los intereses tanto de las regiones, especialmente las regiones con competencias legislativas o constitucionales, como de la UE en su conjunto y, en última instancia, para los intereses de la ciudadanía europea. Frente a esta situación, el Gobierno Vasco continuará colaborando estrechamente con las instituciones europeas para reforzar el proyecto europeo y preservar sus valores fundamentales: libertad, justicia social, democracia y convivencia. La Política Agraria Común sufre un gran recorte presupuestario, se elimina el sistema de dos pilares (pagos directos y desarrollo rural), y la política agrícola se integra en un macro-fondo europeo, todo lo cual genera preocupación ante la posibilidad de que pierda independencia y se transforme en un mero mecanismo de apoyo asistencial, en lugar de seguir siendo una política orientada a fomentar la inversión y la innovación en el sector agrícola. También se teme que los objetivos ambientales queden debilitados. La propuesta de la Comisión Europea refleja un incremento presupuestario en el ámbito de la defensa y la seguridad que debilita sectores tradicionales europeos, multiplicando por cinco la financiación respecto al periodo anterior y representando el 7,21% del presupuesto global propuesto. Además, se reagrupan distintas políticas europeas en un único Fondo en el ámbito de la competitividad, y se pone en marcha un nuevo Fondo AgoraEU en pro de la cultura y ciudadanía, aumentando el presupuesto en el ámbito de la educación. Igualmente, se fortalece un Fondo “Europa Global” para la internacionalización, que absorbería el 11,85 % del presupuesto. Europa necesita políticas audaces para un nuevo impulso ante los retos que se enfrenta. Ahora se abre una fase de negociación para la búsqueda de acuerdos en los que el Gobierno Vasco está preparado para participar de manera activa como socio estratégico. El Estado debe establecer cauces para que las Comunidades Autónomas podamos aportar nuestras propuestas en las negociaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea, con el fin de liderar una Europa más resiliente, competitiva, innovadora y cohesionada.

En la violencia en el ámbito de la pareja 3 de cada 10 mujeres vascas ha sufrido algún episodio de violencia machista a lo largo de su vida.   La violencia física o sexual, se denuncia más que violencia psicológica, aunque esta última se de en mayor medida.   El 81,2% de la mujeres que han sufrido algún tipo de violencia dentro o fuera de la pareja se lo ha contado a sus amistades o familiares y el 14% lo ha denunciado.   La Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal desarrollada en 2024 es la primera encuesta oficial que se realiza en Euskadi con el objetivo de medir la magnitud de este problema y recopilar datos sobre la frecuencia con la que las mujeres sufren distintas formas de violencia, por el hecho de ser mujeres, en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye entre otros, los ámbitos de pareja, familiar, laboral, educativo, comunitario y el entorno virtual. Se quiere conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres en Euskadi a lo largo de su vida. La población objeto de estudio de esta encuesta son las mujeres de entre 16 y 85 años residentes en Euskadi. Se ha encuestado a una muestra representativa de 4.500 mujeres. El 48,2% de las mujeres residentes en Euskadi de entre 16 y 85 años ha sufrido algún tipo de violencia (física -incluida amenazas-, sexual y/o psicológica) dentro o fuera de la pareja alguna vez en la vida. Esta cifra se traduciría en 449.295 mujeres.  "La violencia machista contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, un problema social y de salud pública de primer orden. Es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres que desempeña, además la función social de perpetuar las desigualdades estructurales que existen en función del género. En cuanto a la violencia en el ámbito de la pareja 3 de cada 10 mujeres vascas ha sufrido algún episodio de violencia machista a lo largo de su vida. Este tipo de violencia está basada en la superioridad, en el “tú para mí” y  muchas veces es el terrible monstruo que perpetúa la desigualdad" ha subrayado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico Nerea Melgosa.   El 7,4% de las mujeres residentes en Euskadi de entre 16 y 85 años han sufrido algún tipo de violencia (física -incluida amenazas-, sexual y/o psicológica) recientemente, es decir, en el último año. Este porcentaje se traduciría en 68.949 mujeres. "Quiero agradecer sinceramente la valentía y la generosidad de las miles de mujeres vascas que han compartido experiencias duras, dolorosas, graves, a través de esta encuesta. Que nos han permitido conocer sus vivencias personales y obtener una radiografía profunda y actualizada de la realidad, que nos muestra un contexto de vulneración de derechos más generalizado de lo que a priori se piensa. Quiero decirles que su aportación es valiosísima para las políticas de igualdad y que romper el silencio, en este caso, es una contribución solidaria hacia otras muchas mujeres que sufren la violencia y hacia la construcción de una sociedad más justa y más libre." ha señalado Miren Elgarresta la directora de Emakunde. • Características sociodemográficas. Los datos muestran que la violencia afecta a mujeres de todas las edades, si bien el análisis en base a la edad muestra algunas diferencias en las tasas de prevalencia de los diferentes tipos de violencia. En general, la tasa es mayor entre mujeres que tienen entre 30 y 44 años (62,3%) y las que tienen entre 16 y 29 años (55,8%), mientras que obtienen la tasa más reducida las que tienen entre 65 y 85 años (30,2%). La probabilidad de que las mujeres más jóvenes sufran algún tipo de violencia dentro y fuera de la pareja, sobre todo violencia sexual y violencia psicológica, parece por lo general mayor, ya que sus tasas de prevalencia supera con creces la tasa media. No obstante, es preciso considerar que las tasas de las mujeres de más edad también pueden estar mostrando valores especialmente modestos debido a condicionantes educativos que pueden estar dificultando la revelación de la violencia. Los datos indican que las mujeres con discapacidad (reconocida superior o igual al 33%) y/o aquellas que presentan limitaciones graves para la realización de actividades de la vida cotidiana presentan una probabilidad ligeramente mayor de sufrir violencia que otras mujeres (49,8% frente a 48%). Las diferencias son más marcadas cuando se trata de violencia física; 33,3% frente al 24,7% de las mujeres sin discapacidad o limitaciones. Además, estas mujeres se ven especialmente afectadas por la violencia que sucede en el ámbito de la pareja (34,6% frente a 28,9% de las mujeres sin discapacidad o limitaciones en la actividad). Respecto a la nacionalidad, la proporción de mujeres con nacionalidad distinta a la española que han experimentado violencia por alguna pareja o alguna otra persona alguna vez en la vida es muy superior a la de mujeres de nacionalidad española (61,1% y 46,8% respectivamente). Más concretamente estas mujeres se ven especialmente afectadas por la violencia física y por la violencia psicológica así como por la violencia que se produce en el ámbito de la pareja. En base al nivel de estudios también se observan diferencias, aunque los datos no permiten deducir una relación lineal. Las tasas de prevalencia de todos los tipos de violencia dentro y fuera de la pareja más reducidas se localizan en todos los casos entre las mujeres con estudios primarios o inferiores (el 33,5% ha sufrido alguna violencia), lo que ocurre independientemente del tipo de violencia o del ámbito en el que ésta se produzca. Las posiciones intermedias las ocupan las mujeres con estudios secundarios (41%), mientras que las mujeres con estudios secundarios postobligatorios o FPI y las de estudios superiores son las que alcanzan las tasas más altas tanto a nivel general (51,7% y 55,8% respectivamente) como en los diferentes tipos de violencia considerados. Los datos de prevalencia según el nivel de ingresos netos mensuales del hogar no permiten deducir una relación lineal, aunque sí parecen indicar que la violencia afecta tanto a las mujeres de rentas altas como de rentas bajas. Las tasas de prevalencia de algún tipo de violencia dentro y fuera de la pareja oscilan entre el 44,9% de las mujeres que residen en hogares de renta media—baja y el 56,9% de las que lo hacen en hogares de renta alta. Las posiciones intermedias las ocupan las mujeres que viven en hogares de renta media-alta (48,8%) y aquellas que lo hacen en hogares de renta baja (49,9%). Con todo, cabe señalar que las tasas de violencia física y violencia psicológica es algo superior entre las mujeres que residen en hogares de renta baja, quienes además parecen verse más afectadas por la violencia dentro del ámbito de la pareja. · Consecuencias de violencia y solicitud de ayuda El 18,4% de esas mujeres manifiesta haber recibido asistencia médica o psicológica como consecuencia de los episodios de violencia. Un 17,3% de ellas no la recibió pero considera que debería haberla recibido y el 63,8% dice que no ha necesitado este tipo de asistencia. Las mujeres que se han visto afectadas por violencia física (29%) y violencia psicológica (27,9%) han recibido asistencia médica en mayor medida que las víctimas de violencia sexual (17,5%). Además, la proporción de mujeres que recibió asistencia médica es superior cuando la violencia se produce en el ámbito de la pareja (24%). El porcentaje de mujeres que asegura haber recibido algún tipo de asistencia asciende hasta el 38,5% en el caso de las mujeres que han sufrido violencia tanto dentro como fuera de la pareja. El 11,7% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia dentro y/o fuera del ámbito de la pareja alguna vez ha tenido que permanecer un tiempo sin poder ir a trabajar o sin acudir a su centro de estudios como consecuencia de la violencia sufrida. Resulta más habitual que las mujeres que han sufrido violencia física (18,8%) o psicológica (16,4%) hayan permanecido algún tiempo sin acudir al centro de trabajo o estudios en comparación con aquellas que han sufrido violencia sexual (12,5%). Atendiendo al ámbito en el que se produce la violencia, es más habitual que hayan permanecido un tiempo sin poder acudir al trabajo o al centro de estudios las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito de la pareja (13,3% frente a 7,2% de las que han sufrido violencia fuera de este ámbito). En el caso de las mujeres que han sufrido violencia tanto en el ámbito de la pareja como fuera de ella, el porcentaje de mujeres que ha faltado al centro de trabajo o estudios asciende al 27,8%. Como se ha dicho, las mujeres con un diagnóstico de discapacidad igual o superior al 33% y/o limitaciones graves para la realización de las actividades cotidianas representan el 7,8% del total de mujeres consultadas (en torno a 72.846 mujeres). Un 12,5% de estas mujeres manifiesta que su discapacidad o limitación es consecuencia de la violencia sufrida por parte de la pareja o de alguna otra persona. Las mujeres que se han visto afectadas por violencia física son las que en mayor medida aseguran que su discapacidad o limitación es consecuencia de la violencia (17,3%). También es superior la proporción de mujeres que lo aseguran entre quienes relatan episodios de violencia en el ámbito de la pareja (12,2%). El porcentaje de mujeres que afirma que estas limitaciones o discapacidad es consecuencia de la violencia sufrida se incrementa hasta el 15,8% entre las mujeres que han sufrido violencia tanto dentro como fuera de la pareja. El 16,6% de las mujeres que han vivido algún tipo de violencia dentro y/o fuera de la pareja asegura haber tomado medicamentos, alcohol drogas para afrontar los episodios violentos vividos. De todas las sustancias consumidas la más habitual es la ingesta de medicamentos (16,6%). La ingesta de este tipo de sustancias también es superior entre las mujeres que han sufrido violencia física (26,3%). También es muy superior entre las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito de la pareja (23,4% frente al 6,9% de las que la han sufrido fuera de la pareja). Entre aquellas mujeres que han sufrido violencia tanto dentro como fuera de la pareja este porcentaje se incrementa hasta el 41,6%. La gran mayoría de mujeres que ha sufrido violencia dentro y/o fuera de la pareja (80,8%) manifiesta haber hablado con algún amigo, amiga o algún familiar sobre los episodios de violencia vividos, aunque es destacable que casi una de cada cinco (18,8%) no ha compartido esta experiencia con ninguna persona del entorno. La proporción de mujeres que no comparte las situaciones de violencia experimentada es ligeramente superior entre las mujeres que han sufrido violencia psicológica (17,5%). Asimismo, resulta habitual que las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito de la pareja compartan en menor medida estas experiencias con amistades o familiares (el 75,1% de las víctimas lo ha compartido frente al 78,4% de las que han sufrido violencia fuera de este ámbito). Un 13,9% de las mujeres que declaran haber sufrido violencia dentro y/o fuera de la pareja ha denunciado en alguna ocasión esta violencia y un 9,6% en el último año. La mayor parte de estas denuncias han sido interpuestas por las propias mujeres. La proporción de denuncias es superior cuando se trata de actos de violencia física (24,5% frente a 12,1% de los casos de violencia sexual y el 17,6% de los de violencia psicológica). Además, es más habitual que se denuncien episodios de violencia ocurridos en el ámbito de la pareja (14,3% alguna vez frente a 9% de los casos de violencia fuera de la pareja). En el caso de las mujeres que han sufrido violencia tanto dentro como fuera de la pareja, el porcentaje que ha denunciado estas situaciones asciende al 26,3%. Entre los principales motivos que las mujeres que sufren violencia dentro y/o fuera de la pareja señalan para no denunciar estos episodios violentos destacan: - la falta de identificación de la violencia con un delito denunciable (64,5%); - la aparición de sentimientos de culpa, vergüenza o bloqueo emocional (19,1%); - las dificultades que se perciben en relación con un proceso judicial (18,4%).