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El viceconsejero de Vivienda, en una entrevista en el programa Hoy por Hoy Euskadi de Cadena SER Vitoria, ha asegurado que la respuesta al problema de la vivienda pasa por producir más vivienda pública, hacerlo más rápido y reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler” El viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, ha asegurado que la vivienda se ha convertido en la “primera preocupación social” en Euskadi y ha defendido que la respuesta pasa por “producir más vivienda pública, hacerlo más rápido y reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler”. Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en el programa Hoy por Hoy Euskadi de Cadena SER en Vitoria-Gasteiz. De los Toyos ha explicado que el actual escenario responde a una combinación de factores: cambios sociológicos —con un aumento de hogares unipersonales que rozan el 50%—, nuevas necesidades vinculadas a la inmigración y a la atracción de talento, y una caída significativa en la producción de vivienda. “En 2006 y 2007 se construían en Euskadi 15.000 viviendas al año; ahora estamos en torno a 5.000”, ha señalado. A ello se suma el incremento del esfuerzo económico que deben realizar las familias: si antes se consideraba razonable destinar un 30% del salario a la vivienda, hoy en muchos casos se supera el 50%. Esta situación ha provocado que parte de la clase media, tradicionalmente usuaria del mercado libre, acuda ahora al registro de vivienda protegida. En Vitoria-Gasteiz, el registro de Etxebide contabiliza cerca de 16.500 unidades convivenciales inscritas, de las cuales el 80% solicita vivienda en alquiler. Más de 2.000 viviendas públicas mediante convenios con el Ayuntamiento El viceconsejero ha puesto como ejemplo de colaboración institucional el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En 2024 se firmó un convenio para la promoción de algo más de 1.000 viviendas públicas, de las cuales el 70% se encuentran ya en fase de gestión o ejecución. En Salburua hay 700 viviendas en marcha y otras 360 pendientes de cesión de suelo. Además, el Gobierno Vasco negocia un nuevo convenio que podría alcanzar hasta 1.200 viviendas adicionales, principalmente en Zabalgana (unas 900), así como en Aretxabaleta, Lakua y Abetxuko. La suma de ambos acuerdos superaría las 2.000 viviendas públicas en la capital alavesa. De los Toyos ha recordado que, una vez cedido el suelo finalista, el plazo medio de ejecución hasta la entrega de las viviendas es de entre cuatro y cinco años. “El urbanismo no es de corto plazo; es de medio y largo plazo. Nuestro objetivo es acortar los tiempos con medidas normativas y mejoras en la gestión”, ha afirmado. El reto financiero del alquiler protegido El viceconsejero ha subrayado el esfuerzo inversor que supone el modelo vasco, que desde la Ley de Vivienda de 2015 establece que la vivienda protegida promovida por el Gobierno Vasco solo puede destinarse al alquiler. Como ejemplo, ha citado una promoción reciente de 180 viviendas en Sestao con una inversión de 20 millones de euros. El alquiler medio de estas viviendas ronda los 240 euros mensuales y nunca supera el 30% de los ingresos de la unidad convivencial, lo que impide recuperar la inversión vía rentas y obliga a recurrir a los Presupuestos Generales. “El departamento de Vivienda es el que más ha crecido en presupuesto en el Gobierno Vasco, lo que demuestra que el Ejecutivo está alineado con la prioridad social de este problema”, ha señalado. Levantes para ganar parque público Sobre el debate en torno a la altura de los edificios, el viceconsejero ha defendido que no le “da miedo” crecer en vertical cuando el suelo es limitado. “Si no tienes suelo, tendrás que tener vuelo”, ha resumido. En Vitoria-Gasteiz está previsto un primer proyecto piloto en Zabalgana para levantar dos nuevas plantas sobre un bloque de vivienda protegida en alquiler, lo que permitiría crear en torno a 84 alojamientos dotacionales mediante sistemas industrializados. El objetivo es extender esta fórmula a otros edificios de titularidad pública con cubierta plana, siempre que los estudios técnicos de resistencia estructural lo permitan y con el visto bueno municipal. El Ejecutivo estima que esta estrategia podría generar hasta 2.000 alojamientos adicionales en Euskadi. Los alojamientos dotacionales actuales están destinados a menores de 36 años durante un máximo de cinco años, aunque el departamento estudia fórmulas intergeneracionales para personas mayores con problemas de accesibilidad, combinando cesión de su vivienda y acceso a estos recursos. Zona tensionada: control de precios y estabilidad para inquilinos Respecto a la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada, De los Toyos ha explicado que su principal efecto es reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. El 95% de los contratos ya están sujetos a medidas como la prórroga obligatoria de hasta tres años y la limitación de subidas al índice IRAV —actualmente en torno al 2%— cuando finaliza un contrato. El índice de referencia para grandes tenedores, pendiente de aprobación por las diputaciones y el Ministerio, afectará aproximadamente al 5% de los contratos. “La zona tensionada no sustituye a la política de vivienda; la acompaña. Lo que realmente permitirá salir de esa situación es incrementar la oferta”, ha afirmado. Por último, el viceconsejero ha asegurado que la situación generada por ocupaciones en trasteros de una promoción de Alokabide en Ibaiondo se ha reconducido tras la intervención del departamento y la colaboración con el Ayuntamiento. Según ha explicado, se han adoptado medidas policiales, de gestión del edificio y de intervención social, y los vecinos reconocen una mejora sustancial, si bien el Gobierno Vasco mantiene la vigilancia activa. En conclusión, Miguel de los Toyos ha defendido que la solución al problema de la vivienda exige “más producción, más rapidez administrativa y más colaboración institucional”, y ha insistido en que el compromiso del Ejecutivo vasco es consolidar y ampliar el parque público de alquiler como eje central de la política habitacional.

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