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España y la Comisión Europea han sellado una Declaración Conjunta de Intenciones con el objeto de acelerar el despliegue del vehículo autónomo

Los operadores del transporte y las patronales del sector muestran su preocupación por el incremento desmesurado del precio de los combustibles

El concesionario oficial Iveco en Almería, Bahía, ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Pechina, un complejo de 25.000 m² que supone una inversión de 8 millones de euros realizada por la concesión andaluza. El nuevo centro, situado en Paraje C. Gallego y M. Herreros, Polígono 2, parcelas 28 y 30, cuenta con 4.100 m² construidos,

La consejera Amaia Barredo y el consejero José Mª Aierdi trasladan al equipo del comisario europeo Christophe Hansen su posición ante la reforma de la PAC 2028-2034 y alertan de que el fondo único y los planes estatales pueden alejar las decisiones de los territorios Amaia Barredo: “Si Europa apuesta por una PAC más flexible y subsidiaria, esa flexibilidad debe llegar también a las regiones con competencias agrarias para que podamos diseñar y gestionar políticas adaptadas a nuestra realidad” La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, han trasladado hoy en Bruselas al equipo del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen, las prioridades de ambos gobiernos ante las negociaciones abiertas para definir la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034. En la reunión, celebrada con representantes del gabinete de Hansen, Euskadi y Navarra han compartido su preocupación ante la propuesta de reforma y han defendido una PAC con recursos suficientes, orientada a quienes ejercen realmente la actividad agraria y con una gobernanza que permita a las regiones adaptar las políticas a sus diferentes realidades productivas y territoriales. Una PAC con recursos suficientes Uno de los principales puntos de coincidencia entre Euskadi y Navarra es la necesidad de mantener una financiación suficiente para la PAC. Ambas comunidades han expresado su oposición a la reducción de alrededor de un 20% del presupuesto específicamente destinado a esta política que contempla la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero. Los dos gobiernos consideran que la seguridad y la soberanía alimentaria deben constituir una prioridad estratégica para la Unión Europea, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial, el incremento de los costes de producción y los efectos del cambio climático sobre la actividad agraria. En este sentido, defienden mantener un nivel suficiente de financiación y cofinanciación que permita garantizar la viabilidad de las explotaciones y acompañar las transformaciones que afronta el sector. Más protagonismo de las regiones Euskadi y Navarra han coincidido también en reclamar una PAC más regionalizada, sencilla y flexible, que tenga en cuenta la diversidad de las estructuras agrarias y de las realidades socioeconómicas europeas. El Gobierno Vasco ha trasladado específicamente su rechazo a la propuesta de integrar en un fondo único las políticas agrarias, de desarrollo rural, pesquera y de cohesión y estructurarlas mediante planes nacionales. A su juicio, este modelo puede diluir la especificidad de la PAC y no garantiza una simplificación real, al incorporar en un mismo marco políticas con objetivos y necesidades de gestión diferentes. Euskadi considera además que la mayor flexibilidad y subsidiariedad que plantea la Comisión Europea debe alcanzar a las regiones con competencias agrarias propias. Por ello, defiende que la futura PAC permita establecer planes regionales propios, dentro del marco comunitario, adaptados a las características productivas y territoriales de cada región. “La propuesta europea abre una oportunidad para avanzar hacia una PAC más flexible, pero esa flexibilidad debe llegar al territorio. En Euskadi queremos poder diseñar y gestionar una política agraria adaptada a nuestra estructura productiva, manteniendo los objetivos comunes de la Unión Europea”, ha señalado Amaia Barredo. El Gobierno Vasco considera que esta posibilidad permitiría aplicar de manera más eficaz el principio de subsidiariedad y recuerda que existen precedentes en la Unión Europea de diferenciación territorial en la aplicación de las políticas agrarias. En el caso de que finalmente se mantenga un único plan estatal, Euskadi reclama que los fondos puedan territorializarse entre las comunidades que así lo soliciten y que se preserve su capacidad de gestión, manteniendo como referencia los actuales niveles presupuestarios. Una PAC orientada a quienes producen Junto a las cuestiones presupuestarias y de gobernanza, Euskadi y Navarra han defendido una PAC que priorice a los agricultores y ganaderos que desarrollan efectivamente la actividad agraria, impulse el relevo generacional y fortalezca la agricultura familiar y profesional. Ambas comunidades apuestan por reforzar el poder del sector productor en la cadena alimentaria, favorecer modelos productivos más sostenibles y agroambientales y modernizar las explotaciones para mejorar su resiliencia. Euskadi plantea además avanzar hacia una distribución más equilibrada de los apoyos mediante instrumentos como los topes por explotación, preservar las peculiaridades del modelo cooperativo y reforzar las herramientas de regulación de mercado de la Organización Común de Mercados (OCM), con medidas que contribuyan a garantizar precios remuneradores y a proteger al sector europeo frente a situaciones de competencia desleal. Ambos gobiernos han coincidido asimismo en la importancia de fortalecer la relación entre el sector productor y la industria agroalimentaria local, modernizar las infraestructuras de regadío ante la escasez de agua e intensificar el apoyo a la ganadería extensiva. La futura PAC, han defendido, debe avanzar también en una simplificación real, con menos carga administrativa, requisitos proporcionados, trámites más sencillos y un sistema de ayudas comprensible y accesible. Euskadi ha reclamado además un sistema de pagos estable, ágil y previsible que aporte seguridad financiera a las explotaciones. Euskadi y Navarra han expresado finalmente su voluntad de mantener la colaboración durante el proceso de negociación de la PAC post-2027 y de trabajar conjuntamente para que la futura política agraria europea preserve su carácter estratégico, responda a la diversidad de los territorios y contribuya a garantizar el futuro del sector agrario y del medio rural.

La prórroga de dos años permitiría proteger en Erandio a 14 familias cuyos contratos vencían en 2026 y también a las 510 de Benta Berri y otros municipios con la misma problemática Itxaso ha destacado que el episodio de Maricarmen “reclama una política de vivienda basada en la anticipación, la planificación y medidas integrales capaces de prevenir situaciones de emergencia” El máximo responsable del ramo en Euskadi destaca desde Viena la combinación de regulación, incentivos y aumento de la oferta que Euskadi viene aplicando y subraya la importancia de cerrar la vía de escape de los falsos alquileres temporales El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha llamado desde Viena a los grupos parlamentarios vascos con representación en el Congreso de los Diputados a trasladar al debate sobre el denominado ‘Decreto Maricarmen’ la tradición vasca de pacto, acuerdo y búsqueda de soluciones compartidas. “La vivienda es un problema demasiado serio para convertirlo en otra guerra banderiza. Tenemos que preguntarnos si queremos tener razón o queremos tener éxito colectivo. Euskadi debe estar del lado de las soluciones, dejando de lado los maximalismos”, ha señalado tras visitar wohnfonds_wien, el Fondo del Suelo de Viena, dentro de la misión institucional que el Gobierno Vasco desarrolla en la capital austríaca. El consejero ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre los socios del Gobierno español para aprobar los nuevos decretos de vivienda y ha destacado especialmente el impacto que tendrá en Euskadi la prórroga de dos años de los contratos de alquiler. La medida permitirá ganar un tiempo fundamental en aquellos casos en los que la declaración de una zona tensionada no llegue a tiempo para proteger a las familias. El consejero ha puesto como ejemplo la situación de Los Ochos de Erandio, donde existen 135 viviendas cuyos contratos van venciendo de forma progresiva y 14 de ellos finalizan durante este año 2026. La declaración de Erandio como zona tensionada, a la que el Gobierno Vasco ha dado máxima prioridad, permitirá activar posteriormente las herramientas específicas de protección de esta figura, pero no llegaba a tiempo para esos primeros contratos. “Esta prórroga nos permite salvar precisamente ese desfase. Esas 14 familias no van a quedar desprotegidas por una cuestión de calendario: ganamos dos años para que Erandio pueda estar protegido como zona tensionada y para seguir trabajando mientras tanto en una solución para las 135 familias”, ha señalado Itxaso, que ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a los municipios vascos que aún no lo hayan hecho a declararse zona tensionada. “Es un escudo que en Euskadi protege a personas inquilinas y ofrece un marco seguro a las propietarias”. El episodio de Maricarmen, ha expresado el consejero, debería servir también para abrir una reflexión más profunda sobre cómo hacemos política de vivienda y sobre la necesidad de actuar con sentido de la anticipación. “Una buena política de vivienda no puede estructurarse a golpe de efecto. Necesita planificación, estabilidad y un conjunto de medidas integrales capaces de responder a la complejidad de un problema que afecta a muchas familias y que no admite soluciones improvisadas”, ha reconocido. En este sentido, Itxaso ha planteado una pregunta que, a su juicio, debería interpelar al conjunto de las instituciones: “¿Ha hecho falta un desahucio dramático para que los grupos parlamentarios adquiriesen conciencia de las consecuencias de la falta de un escudo social?”. Para él, la respuesta debe ser precisamente anticiparse a estas situaciones y construir con tiempo mecanismos de protección que permitan actuar antes de que las familias lleguen al límite. Desplegar toda la caja de herramientas El consejero ha defendido que esa búsqueda de acuerdos es coherente con el trabajo que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando durante esta legislatura con ayuntamientos gobernados por diferentes formaciones políticas. “Estamos declarando zonas tensionadas, mejorando los incentivos fiscales y las garantías para movilizar vivienda hacia el alquiler, aplicando las regulaciones que permite la ley, generando nuevo suelo finalista y aumentando la oferta. Nuestra política no consiste en escoger un instrumento por su etiqueta ideológica, sino en desplegar toda la caja de herramientas y medir cada palanca por su eficacia”, ha añadido. En su opinión, el debate sobre vivienda debe superar la contraposición entre regular o construir, incentivar o intervenir. “Necesitamos hacer todas esas cosas cuando funcionan y allí donde son necesarias”, ha reconocido. El consejero ha señalado como ejemplo la evolución reciente de Donostia y su entorno metropolitano. La última Estadística del Mercado del Alquiler (EMAL), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, refleja descensos en las rentas medias de los nuevos contratos del 3,7% en Donostia-San Sebastián, del 4,1% en Errenteria, del 3% en Irun y del 0,6% en Lasarte-Oria, coincidiendo con el primer periodo de aplicación íntegra de las herramientas asociadas a las zonas tensionadas. “Hay que interpretar los datos con prudencia y necesitamos más recorrido para confirmar una tendencia, pero empiezan a ofrecer señales de que regulación, incentivos y aumento de la oferta pueden trabajar en la misma dirección”, ha declarado. En este contexto, Itxaso ha destacado especialmente el refuerzo de la regulación de los alquileres de temporada incluido en el nuevo decreto. El consejero considera necesario cerrar la posibilidad de utilizar sucesivos contratos de corta duración para eludir las reglas aplicables a lo que materialmente constituye un alquiler residencial. “La Ley de Vivienda abrió instrumentos importantes, pero también hemos observado desplazamientos hacia modalidades temporales. Si existe una causa real de temporalidad, debe protegerse esa modalidad; lo que no puede permitirse es disfrazar de temporal un alquiler residencial únicamente para escapar de la regulación”, ha reconocido el consejero. El nuevo marco incorpora así medidas dirigidas a evitar que el uso fraudulento de la temporalidad pueda convertirse en una vía para eludir las reglas aplicables al alquiler residencial. Itxaso ha considerado asimismo fundamental que cualquier nueva regulación haga compatibles dos objetivos: estabilidad para quien necesita una vivienda y seguridad para quien la pone en alquiler, particularmente cuando se trata de pequeños propietarios. “Una familia necesita poder echar raíces, desarrollar su proyecto laboral y vital y no vivir permanentemente pendiente de si podrá seguir residiendo en su ciudad. Pero también debemos ofrecer certidumbre al pequeño propietario sobre el cobro de unas rentas que en muchos casos contribuyen a pagar una hipoteca, complementar una pensión o afrontar los gastos cotidianos”. Según el consejero, “proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no son objetivos incompatibles; una buena política pública debe ser capaz de hacer las dos cosas”. Itxaso ha valorado que el nuevo decreto combine medidas de protección para los inquilinos con incentivos, regulación y herramientas dirigidas a aumentar la oferta asequible. A su juicio, esa combinación responde a la complejidad del problema de la vivienda y conecta con la estrategia que Euskadi viene desarrollando desde el inicio de la legislatura. “No hay una bala de plata para resolver la vivienda. Hace falta regulación, fiscalidad, movilización del parque existente, seguridad jurídica, suelo, financiación y construcción de nueva vivienda. El pragmatismo consiste precisamente en no renunciar a ninguna herramienta útil por prejuicios ideológicos”, ha señalado. El contenido definitivo del decreto deberá quedar recogido en el texto que apruebe el Consejo de Ministros y posteriormente afrontar su convalidación parlamentaria. Itxaso ha apelado por ello a los grupos parlamentarios vascos con representación en el Congreso a mantener la disposición al acuerdo y a contribuir a que las nuevas herramientas puedan desplegarse con eficacia. “La tradición política vasca nos enseña que, cuando tenemos un problema complejo, somos capaces de sentarnos, negociar y buscar soluciones. La vivienda merece también ese ejercicio de responsabilidad”, ha señalado. El consejero ha enmarcado finalmente esta posición en la visita a Viena y en el creciente protagonismo de la vivienda en la agenda europea. “Venimos a conocer cómo una ciudad que lleva décadas planificando suelo y vivienda asequible ha construido instituciones estables y capacidad de anticipación. Euskadi tiene una trayectoria propia acumulada durante décadas de autogobierno y nuestro objetivo no es copiar modelos, sino aprender, contrastar y evolucionar nuestras herramientas. La vivienda se está convirtiendo además en una cuestión estratégica europea y debemos prepararnos para aprovechar esa nueva etapa de financiación, regulación y cooperación para producir más vivienda asequible y preservar su función esencial: ser el lugar donde las personas pueden construir un proyecto de vida”.  

La Junta Directiva de Confebús se reunió en el marco de FIAA para analizar la crisis energética y pedir que las medidas de apoyo se mantengan

Durante la celebración de la feria madrileña FIAA 2026, la asociación Aetram ha visitado los stands de varias de sus empresas colaboradoras

El nuevo plan adapta el sistema a la reforma estatal y permite cubrir provisionalmente los relevos con personal temporal

Scania participa, junto con Grupo Primafrio, en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo eléctrico del proyecto europeo ZEFES (Zero Emission Freight EcoSystem), una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca acelerar la implantación de soluciones de cero emisiones para el transporte de mercancías de larga distancia.