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El puerto de Gijón encarga a una consultora catalana la revisión y actualización de su plan de recepción de residuos para adaptarlo a los nuevos requisitos establecidos sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de buques.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla en total 1.123 nuevas viviendas, de las cuales 291 serán VPO y 448 tasadas para priorizar el alquiler y el Plan prevé movilizar 790 viviendas vacías y aprovechar lonjas, caseríos y viviendas de gran tamaño para generar nueva oferta Con Bergara son ya 21 los municipios tensionados en Euskadi tras unirse a la lista este mismo martes Sopela y Urduliz. Supone más del 55% de la población vasca: 1.198.000 personas Bergara ha sido declarada zona de mercado residencial tensionado con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda y dar respuesta a las dificultades que afrontan las personas residentes en el municipio, especialmente quienes buscan una vivienda en alquiler. El plan de acción asociado a la declaración establece medidas para topar los precios del alquiler, ampliar la oferta asequible, movilizar vivienda vacía, impulsar la rehabilitación y mejorar la coordinación institucional durante el periodo 2026-2028. Las medidas entrarán en vigor oficialmente el día siguiente a la publicación en el BOE, prevista para finales de esta semana. Con Bergara son ya 21 los municipios tensionados en Euskadi tras unirse este mismo martes a la lista Sopela y Urduliz. Supone más del 55% de la población vasca: 1.198.000 personas. Además, hay otros catorce municipios cuya solicitud está en tramitación. En este contexto, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, se reunió la semana pasada con el alcalde del municipio, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, para analizar la situación residencial del municipio y las medidas contempladas en el plan. Durante la jornada, también visitaron varias parcelas en las que están previstas construcciones de viviendas protegidas. De hecho, se ha concretado la posibilidad de conveniar la cesión y próxima ejecución de la parcela municipal del A17.1, Artzamendi, con capacidad para 20 VPO, y también se han valorado las opciones de los ámbitos entorno al nuevo edificio del instituto Miguel Altuna así como los de Urteaga y la zona de la antigua Algodonera, respectivamente. La realidad a día de hoy es que Bergara ha experimentado un incremento del 21,5% en el precio medio del alquiler de los últimos cinco años y cuenta con 470 expedientes activos en Etxebide, de los que el 86,6% corresponden a personas que demandan una vivienda en alquiler. El 77,5% de las personas inscritas dispone de ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años. A esta demanda se suma un parque de vivienda protegida y pública que representa el 6,4% del total, una situación que refuerza la necesidad de ampliar las alternativas residenciales asequibles. Tras el encuentro mantenido, De los Toyos ha señalado que el reto consiste en adecuar las herramientas públicas a las necesidades reales de la población. “En Bergara tenemos que aumentar la oferta y conseguir que una parte mayor responda a la demanda real de alquiler”, ha afirmado. En su opinión, la respuesta requiere combinar la construcción de nuevas viviendas protegidas con la movilización del parque existente y la rehabilitación de inmuebles que hoy no están disponibles en condiciones adecuadas. Por su parte, Artola ha subrayado que el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Ayuntamiento. “Tenemos que trabajar para que las personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en Bergara tengan oportunidades reales de acceder a una vivienda a un precio asequible. Para ello, es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones y una planificación que nos permita dar respuestas concretas a las necesidades actuales, especialmente a las de las personas jóvenes y las familias con mayores dificultades de acceso al alquiler”, ha señalado el alcalde. Priorizar la vivienda protegida y el alquiler en los futuros desarrollos El planeamiento urbanístico de Bergara contempla 1.123 nuevas viviendas, de las que 739 están previstas como protegidas. El plan de acción plantea revisar los criterios urbanísticos y los regímenes de protección de los desarrollos pendientes para reforzar el peso de la vivienda protegida y orientar una mayor parte de la oferta hacia el alquiler. Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de A-40, donde se encuentran en ejecución 36 viviendas libres. El documento no plantea una nueva expansión residencial a corto plazo, sino aprovechar mejor las posibilidades existentes en el planeamiento y reforzar la colaboración entre las administraciones para incrementar la oferta pública y protegida. Para ello, contempla acuerdos con el Gobierno Vasco y Visesa, especialmente en parcelas de titularidad pública, además de estudiar las necesidades de suelo y las fórmulas de cooperación que permitan materializar las actuaciones. “La declaración de zona tensionada nos proporciona herramientas, pero lo importante es utilizarlas dentro de una estrategia realista, coordinada y con capacidad para ejecutarse”, ha señalado De los Toyos. El viceconsejero ha defendido que las actuaciones deben combinar planificación, disponibilidad de suelo y colaboración institucional, con objetivos ajustados a los plazos y a las posibilidades de cada proyecto. Movilizar vivienda vacía y aprovechar mejor el parque existente El plan identifica 790 viviendas vacías o deshabitadas, según el censo municipal utilizado como referencia para las políticas públicas. Una parte de estos inmuebles presenta problemas de antigüedad o conservación, por lo que su incorporación al mercado requiere, en determinados casos, actuaciones previas de rehabilitación. Bergara cuenta actualmente con 62 viviendas incorporadas al programa Bizigune. El plan propone reforzar su capacidad de captación, mantener los incentivos vinculados al programa y estudiar medidas fiscales relacionadas con la vivienda vacía. Entre ellas figura analizar la posibilidad de elevar el recargo del IBI aplicado a viviendas que no constituyen residencia habitual, actualmente situado en el 50%, hasta el máximo que permita la normativa. La rehabilitación constituye otra de las líneas de actuación. El documento plantea identificar las necesidades del parque residencial, mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los edificios y priorizar aquellas situaciones en las que las condiciones de habitabilidad, la presencia de personas mayores o la existencia de viviendas vacías hacen más necesaria la intervención. También prevé impulsar iniciativas de acompañamiento a las comunidades de propietarios, con Osintxu como posible ámbito piloto para desarrollar un modelo de apoyo a la rehabilitación y a la movilización de vivienda. “No basta con identificar las viviendas vacías: hay que conocer por qué no se utilizan y qué necesitan para volver a cumplir una función residencial”, ha explicado el viceconsejero. “La rehabilitación, la seguridad para las personas propietarias y la colaboración con los programas públicos de alquiler deben formar parte de una misma respuesta”, ha añadido. En otro orden, Artola ha destacado la importancia de abordar la problemática de la vivienda desde el conocimiento de la realidad local y de las necesidades de la ciudadanía. “Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir trabajando para conocer la situación de las viviendas que actualmente no están en uso e identificar qué medidas pueden facilitar su incorporación al mercado del alquiler”. Y ha añadido que “nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan encontrar en Bergara una vivienda adecuada y asequible, y para ello es fundamental sumar esfuerzos y aprovechar todas las herramientas disponibles”. Generar nuevas oportunidades sin ocupar más suelo El plan propone, además, aprovechar mejor los espacios ya construidos para ampliar la oferta residencial sin depender exclusivamente de nuevos desarrollos urbanísticos. Entre las posibilidades que plantea figuran facilitar, bajo condiciones reguladas, la transformación de locales en viviendas, estudiar la división de determinados caseríos cuando resulte compatible con la actividad agraria y permitir la segregación de viviendas de gran tamaño. Estas medidas requieren revisar ordenanzas y procedimientos municipales, analizar las características de cada inmueble y garantizar que las nuevas viviendas cumplen las condiciones de habitabilidad y se integran adecuadamente en el entorno urbano. El documento plantea actualizar la normativa sobre locales, simplificar trámites y localizar los espacios que podrían incorporarse al uso residencial. Atención a la demanda y coordinación institucional El plan también incorpora medidas dirigidas a mejorar la atención a las personas que necesitan una vivienda. En 2024, el 51,32% del gasto municipal en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con un importe de 149.300 euros. El documento propone adaptar la gestión de estas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda, reforzar la coordinación con Etxebide e informar y acompañar a la ciudadanía en la tramitación de las ayudas disponibles. Asimismo, plantea abordar las dificultades que se producen cuando los recursos de alojamiento de emergencia prolongan su ocupación por la falta de alternativas residenciales asequibles. El objetivo es mejorar la coordinación entre los servicios sociales y las políticas de vivienda para facilitar respuestas adecuadas a cada situación. El plan de acción se estructura en cuatro ejes: ampliación y movilización de la oferta residencial; rehabilitación y aprovechamiento del parque existente; atención a la demanda y a las situaciones de vulnerabilidad; y coordinación institucional y seguimiento. Su calendario abarca el periodo 2026-2028 e incluye actuaciones prioritarias relacionadas con la vivienda vacía, Bizigune, la rehabilitación, la atención a la demanda y la gobernanza del plan. La Mesa de Vivienda tendrá un papel central en la coordinación, el seguimiento de las medidas y la actualización de la información sobre las necesidades residenciales del municipio.  

El ámbito de Abaro contempla 602 viviendas en Sopela, 490 de ellas protegidas, mientras que Urduliz identifica capacidad para 1.019 viviendas, con unas 436 protegidas y tasadas Los planes trienales incluyen también la movilización de viviendas vacías, ayudas al alquiler, rehabilitación y medidas para facilitar la emancipación juvenil Sopela y Urduliz han sido declaradas zonas de mercado residencial tensionado, una figura que permite aplicar medidas específicas para contener los precios del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda. La declaración, publicada este martes en el BOE junto a Bergara, responde al incremento de los precios residenciales registrado en ambos municipios y se acompaña de planes de acción trienales que combinan nuevas promociones, movilización de vivienda vacía, rehabilitación y ayudas al alquiler. Con estas tres nuevas incorporaciones son ya 21 las localidades vascas declaradas zonas tensionadas. Eso equivale a más del 55% de la población, concretamente, 1.198.000 personas. En Sopela, el precio medio de compraventa aumentó un 28,3 % entre 2019 y 2024, al pasar de 250.115 a 320.798 euros, mientras que en Urduliz el precio medio mensual del alquiler se incrementó un 19,6 % entre 2018 y 2023, desde los 716,3 hasta los 856,9 euros. Ambos municipios, por tanto, cumplen el criterio establecido en la Ley 12/2023, de Derecho a la Vivienda, que permite declarar una zona tensionada cuando el incremento de los precios de compra o alquiler supera en al menos tres puntos porcentuales la evolución acumulada del IPC autonómico durante cinco años. Sopela: 602 viviendas previstas en Abaro, 490 de ellas protegidas El plan de acción de Sopela contempla el desarrollo de nuevas promociones residenciales para ampliar la oferta de vivienda asequible. El principal ámbito es Abaro, donde se proyectan 602 viviendas: 490 de protección oficial y 112 libres. Eso sí, el desarrollo está condicionado por la resolución de un recurso de casación pendiente. En el sector de Ripa, el Ayuntamiento plantea redefinir el ámbito mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en elaboración. El número total de viviendas se concretará durante la tramitación del planeamiento, que prevé que el 75 % de las viviendas tenga algún régimen de protección pública. El plan identifica, además, las dos promociones de vivienda protegida en alquiler ya construidas en los ámbitos de Asu y Loiola, con 33 y 24 viviendas, respectivamente. Ambas se encuentran en fase de adjudicación. También contempla estudiar la construcción de alojamientos dotacionales en parcelas municipales y explorar fórmulas residenciales como el cohousing. Vivienda vacía, locales sin actividad y regulación de los pisos turísticos La movilización de viviendas deshabitadas constituye otra de las líneas de actuación de Sopela. El diagnóstico del plan recoge 805 viviendas en las que no consta ninguna persona empadronada, una cifra que deberá contrastarse mediante las actuaciones de identificación previstas. El municipio cuenta con un convenio con Alokabide para reforzar la información y la intermediación con propietarios, con el objetivo de incorporar viviendas al alquiler asequible a través de programas como Bizigune y ASAP. En ese sentido, el plan incluye medidas fiscales vinculadas a esta finalidad. La ordenanza municipal contempla elevar del 50 % al 99 % la bonificación del IBI para las viviendas incorporadas a Bizigune y aumentar hasta el 150 % el recargo sobre los inmuebles residenciales sin personas empadronadas, conforme a las condiciones establecidas en la ordenanza. Por otro lado, en materia de regeneración urbana, Sopela prevé revisar la regulación para facilitar la transformación de locales vacíos en viviendas tasadas municipales, generando nuevas alternativas residenciales sin consumir más suelo. Asimismo, el plan plantea regular las viviendas de uso turístico. El documento recoge que las viviendas registradas con esta finalidad pasaron de 19 en 2021 a 74 en el momento de su elaboración. El calendario municipal contempla preparar una ordenanza específica en 2026 y comenzar a aplicarla en 2027. Ayudas al alquiler y emancipación juvenil en Sopela El plan incluye medidas para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes y a los hogares con dificultades económicas, mediante la difusión de los programas Gaztelagun y Emantzipa, las prestaciones vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda y las ayudas de emergencia social. El diagnóstico municipal recoge 1.693 solicitudes activas de vivienda, de las cuales el 58,9 % corresponde al alquiler. De ellas, 362 proceden de personas menores de 36 años. El seguimiento de las medidas se realizará mediante la actualización de indicadores y evaluaciones periódicas. El Ayuntamiento también prevé reforzar la coordinación con el Gobierno Vasco y estudiar fórmulas de cooperación con otros municipios y con la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta. Urduliz: capacidad para 1.019 viviendas y nuevas alternativas protegidas El plan de Urduliz parte de una capacidad residencial pendiente de ejecución de 1.019 viviendas, según los datos de UDALPLAN de 2024. El documento estima que en los ámbitos contemplados podrían desarrollarse aproximadamente 386 viviendas de protección social y 50 viviendas tasadas. El principal desarrollo residencial a largo plazo se sitúa en el ámbito A.41 Osteiko, cuya ordenación contempla 762 viviendas: al menos 572 protegidas y 190 libres según la aprobación inicial del plan parcial. Sin embargo, esta actuación queda fuera del periodo de vigencia del plan de medidas, correspondiente a 2026-2029, debido a la necesidad de completar la ordenación urbanística y los posteriores procesos de urbanización y reparcelación. Para ampliar la oferta protegida durante el trienio, el Ayuntamiento propone estudiar la viabilidad de ceder dos parcelas de uso dotacional al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. Los terrenos se encuentran en los ámbitos de Atzeragaine y Torrebarri. El número de apartamentos dependerá de los estudios de viabilidad correspondientes. Rehabilitación, vivienda vacía y ayudas al alquiler en Urduliz El plan de Urduliz plantea elaborar un estudio para conocer el nivel de ocupación del parque residencial y, a partir de sus resultados, valorar medidas como la aplicación del canon de vivienda deshabitada o el incremento del recargo del IBI. También propone estudiar elevar la bonificación fiscal para las viviendas incorporadas a programas de movilización como Bizigune y ASAP. En el momento de elaboración del plan, Urduliz contaba con cinco viviendas incorporadas a Bizigune y ninguna a ASAP. Las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana incluyen la promoción de ayudas del Gobierno Vasco destinadas a particulares y comunidades de propietarios para mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios y viviendas. El documento contempla asimismo el seguimiento de las viviendas de uso turístico. El registro municipal recogía 14 viviendas de esta tipología y plantea vigilar su evolución y valorar la necesidad de una ordenanza específica si su crecimiento pudiera comprometer la disponibilidad de vivienda habitual. En el ámbito de las prestaciones, el plan prevé difundir los programas Gaztelagun y Emantzipa, informar sobre las prestaciones vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda y mantener las ayudas de emergencia social. También recoge medidas para mejorar la información a la ciudadanía y coordinar la atención con los servicios del Gobierno Vasco y Etxebide.    

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